El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido una carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, en la que han solicitado información acerca del posible proyecto por el que el Gobierno de España podría convertir la infraestructura en un centro para albergar inmigrantes. Además, han adelantado que la Junta hará una inspección de las instalaciones en los próximos días y han informado de la posibles sanciones en caso de encontrar irregularidades.
Una misiva a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM que se ha enviado tras la comunicación de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real en la que informaban de que en una visita a las instalaciones pudieron constatar la instalación "unos postes de valla de tres metros de altura" dentro de los terrenos del aeropuerto.
La carta, firmada por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, también indica que se abre audiencia a la empresa y se cita al propietario a acudir a la Consejería de Fomento para que alegue lo que estime oportuno e informe de las actuaciones realizadas.
Asimismo, se recuerda que el aeropuerto de Ciudad Real se tramitó y ejecutó a través de un Proyecto de Singular Interés (PSI), por lo que un centro de inmigrantes sería ilegal al no corresponder "con el uso propio de la instalación".
Aviso del Gobierno regional
El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha avisado al empresario que, llegado el caso, podrían ejercitar la acción de restauración de la ordenación territorial y urbanística y cuantas otras acciones pudieran derivarse.
Además, han dejado abierta la posibilidad de un expediente sancionador en materia urbanística a la empresa propietaria del aeropuerto.
"De confirmarse los gravísimos hechos que se atestiguan por la Concejalía competente de Ciudad Real, nos vemos en el deber de asumir la competencia, al menos en este estadio embrionario del expediente sancionador", dicta la carta.
Por todo ello, el Ejecutivo ve la necesidad de esclarecer los hechos ante una aparente "vulneración del ordenamiento jurídico, por la repercusión mediática y por la preocupación de la sociedad".
"El hipotético centro de acogida de inmigrantes no encaja en el uso dotacional descrito en el PSI. Además, es incompatible según el plan director de la instalación. Y la entidad estaría haciendo caso omiso a estas prescripciones", afirma Silvia López, cuya intención es corroborar o descartar "al menos una infracción grave y otra muy grave".
Sanciones
Por último, el Gobierno autonómico también ha informado de las posibles sanciones, como son la "inhabilitación para desarrollar actividades con relevancia urbanística, la expropiación de terrenos o la demolición de la infraestructura".
Asimismo, en cuanto al supuesto acuerdo de confidencialidad entre aeropuerto y Gobierno, la Junta afirma que "estos acuerdos tienen su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, que no obedecen a la aplicación imperativa de las normas y que se restringen a las relaciones comerciales que las partes puedan tener entre ellas".
La labor del Ejecutivo regional es actuar "en el ejercicio de sus competencias exclusivas reconocidas en el bloque de constitucionalidad del que forma parte el Estatuto de Autonomía". Tanto es así que "la hipotética invocación de un acuerdo de confidencialidad, incluso con el Estado, no exime de poder estar incurriendo en una infracción más".
Las declaraciones de la ministra en entredicho
Los indicios de los que informó el Ayuntamiento de Ciudad Real ponen en entredicho la versión de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, que aseguró el pasado jueves que el asunto está en "una fase absolutamente inicial" y "no hay una decisión tomada".
Unas dudas que también mostró Page el viernes, afirmando que prefiere "contrastar las cosas", porque las informaciones que tiene son "un poco más preocupantes". "Si nos tuviéramos que fiar en España de lo que se va diciendo en las ruedas de prensa, apañados estábamos", alertó.
Cabe recordar que fue la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, en un foro organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real, quien confirmó la existencia del acuerdo de confidencialidad entre el Gobierno de España y la infraestructura aeroportuaria.
Instalación de contenedores
En los últimos días también se ha desvelado la existencia de un documento en el que Ciudad Real International Airport (CRIA) ha solicitado al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación un presupuesto para obtener veinte contenedores de recogida de basura para "un proyecto grande", que arrancaría "en dos o tres semanas como mucho".
Un movimiento que no habría sido el único, ya que el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, señalaba esta semana que "muchos empresarios" han sido contactados por el propio aeropuerto para pedirles diferentes presupuestos para prestar servicios en la instalación. Unos empresarios cuyos negocios están dedicados al sector de la seguridad y el mantenimiento.