La Diputación de Cuenca ha aprobado en el último pleno ordinario de la Legislatura, con los votos a favor del Grupo Popular y en contra de la oposición, destinar el superávit de 2018 a un paquete de inversiones en patrimonio, arreglo de carreteras o caminos, con un montante total que supera los 13,1 millones de euros. 

Tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida han votado en contra de este punto y el PSOE ha pedido su retirada del orden del día al considerar que se trata de una decisión que "hipoteca" al futuro Gobierno de la Diputación y no debería ser adoptada por un Ejecutivo en funciones. 

El portavoz, Joaquín González, ha advertido, incluso, de que si no se retiraba el punto del orden del día su grupo presentaría un recurso contencioso-administrativo porque un Gobierno en funciones debería tomar sólo decisiones que afecten al funcionamiento "ordinario" de la Institución. 

"Están ustedes en tiempo de descuento y han perdido las elecciones”, ha manifestado González, que ha acusado al Gobierno provincial de querer dejar "vacías" las arcas de la Institución provincial. 

También la diputada de IU Ana Sánchez ha criticado que se tome una decisión que implica inversiones tan potentes cuando "estamos aquí porque ya no somos concejales, pero los nuevos todavía no han venido". 

Ha coincidido con González en que deberían tomar sólo decisiones "de funcionamiento ordinario" y ha reprochado que "ustedes han querido dejarlo todo atado y bien atado".

Tanto el vicepresidente en funciones, Julián Huete, como el presidente, Benjamín Prieto, han rechazado que se trate de ninguna "hipoteca", sino de una gestión "ordinaria", que el año pasado se hizo por las mismas fechas.

Huete ha defendido que "es el inicio de los expedientes" y que la siguiente Corporación podrá rechazarlos si quiere, mientras Prieto ha asegurado que las arcas de la Diputación "no se quedan vacías", sino que "así las encontramos en 2011 cuando llegamos a la Institución". 

El presidente, además, ha reprochado al portavoz socialista que "con recursos contenciosos no se hace avanzar a la provincia". 

Despedida de los grupos

Los tres grupos políticos con representación en la Diputación Provincial de Cuenca han hecho balance ese miércoles de la legislatura en el último pleno ordinario que ha celebrado la Corporación, en el que han asegurado que se marchan con "orgullo" y con "la cabeza bien alta". 

Durante la sesión plenaria, el presidente en funciones, Benjamín Prieto, ha recordado las inversiones que se han realizado durante estos últimos ocho años durante su gestión, y que ha cifrado en más de 300 millones de euros, "36 millones de media cada año". 

Prieto ha defendido que con estas inversiones se han podido arreglar caminos y carreteras, y se ha recuperado patrimonio de la provincia que de otra manera no habría sido posible rescatar. 

Asimismo, ha asegurado que aunque el PP ha perdido la Diputación Provincial en las últimas elecciones locales, no han perdido "la ilusión, ni las ganas, ni el compromiso de trabajar por la provincia".

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Joaquín González, ha manifestado que durante esta legislatura los diputados del PSOE han trabajado "con elegancia, contundencia y firmeza", aunque ha lamentado haberse topado con "un muro" con el equipo de gobierno, que ha no ha aceptado "prácticamente ninguna de nuestras propuestas".

González, que ha revalidado por cuarta legislatura la Alcaldía de Arcas, ha señalado que el futuro presidente socialista de la Diputación Provincial lo tendrá que decidir el partido, y ha añadido: "Yo estaré siempre a lo que diga mi partido". 

Por su parte, la única diputada de IU, Ana Sánchez, ha coincidido en asegurar que se marcha "con la cabeza bien alta" por haber logrado el propósito que se marcaron cuando entraron en la institución provincial, que era dar a conocer a la ciudadanía su funcionamiento. 

Un funcionamiento que, a juicio de Sánchez, peca de cierta opacidad, por lo que ha resaltado las denuncias de situaciones que ha realizado su grupo como el contrato de carreteras, ya que según ha explicado: "Nos parece bochornoso que todos los años se paguen 13 millones de euros a una empresa privada por mantener las carreteras en un estado tercermundista".