Un detenido y 11 denuncias por saltarse el estado de alarma en Cuenca

La Policía Local de Cuenca ha detenido a una persona y denunciado a otras 11 desde el pasado 15 de marzo por incumplir las medidas decretadas por el Estado de Alarma, en la mayoría de los casos por transitar por la vía pública sin causa justificada. Además, se ha identificado a un total de 73 ciudadanos de Cuenca.

A estos datos habría que sumar los propios de Policía Nacional, que trabaja en coordinación con los agentes locales y voluntarios de Protección Civil.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cuenca en nota de prensa, la Policía Local y agentes de movilidad se afanan estos días en vigilar que los conquenses acaten las restricciones impuestas por el Gobierno de España para frenar la expansión del coronavirus puesto que, según las autoridades sanitarias, el confinamiento de la población es la medida más eficaz para frenar la propagación del Covid-19 y evitar el colapso del sistema sanitario.

Para ello, en la última semana ha contado con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que hizo acto de presencia en la capital este jueves; y de la Brigada Paracaidista de Artillería de Madrid, que desplegó a un total de 40 efectivos este sábado por zonas comerciales, parques y zonas verdes. En los próximos días habrá nuevas incursiones del ejército en la ciudad.

Durante el Estado de Alarma se limita la circulación de personas por la vía pública, ya sea a pie o en vehículo, y únicamente se permite para la realización de tareas básicas como comprar alimentos y bienes de primera necesidad, ir a la farmacia, al médico, a atender a un familiar mayor o dependiente, acudir al puesto de trabajo y volver al domicilio.

De este modo, la Policía Local ha recordado que está prohibido pasear o hacer deporte al aire libre. Asimismo, la realización de actividades autorizadas, como ir al supermercado o sacar al perro, deben hacerse empleando el tiempo mínimo e indispensable.

Por último, ha advertido que quienes incumplan las medidas establecidas podrían enfrentarse a multas de 100 a 600.000 euros y a penas de hasta tres meses de cárcel.