El Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela conquense (Adiman) está implementando dos proyectos de ayuda humanitaria en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía y en los municipios de Padcaya y Entre Ríos del Departamento de Tarija, en Bolivia, con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Cuenca.
En nota de prensa, Adiman ha explicado que, de la mano de la Institución provincial, está llevando a cabo un proyecto de emergencia social para proveer a al personal sanitario de materiales de protección frente al COVID-19. Para este fin la Diputación ha destinado un presupuesto de 18.000 euros.
Mientras, con el Gobierno regional está llevando a cabo un proyecto de seguridad alimentaria a través del fortalecimiento de la agricultura y la participación activa de la mujer, al recibir una subvención autonómica de más de 60.000 euros en diciembre de 2019.
La presidenta de Adiman, Mari Carmen García, ha señalado que en un país "donde el Estado no tiene la capacidad de respuesta necesaria", corresponde a las organizaciones apoyar a mitigar los efectos de la crisis.
"Este es un ejemplo del impacto tan positivo que puede tener sobre un territorio el hecho de que las diferentes administraciones vayan de la mano, pues estos dos proyectos son distintos, pero absolutamente complementarios. Además, el cambio de la moneda multiplica por 8 en Bolivia, por lo que, con muy poco dinero, la repercusión puede ser enorme", ha destacado.
García también ha defendido que el apoyo municipal puede ser igualmente importante, ya que la recomendación de la ONU es que las instituciones destinen el 0,7 % de su presupuesto a proyectos de cooperación al desarrollo. "En nuestra comarca, actualmente, esto se está cumpliendo. El Ayuntamiento de Iniesta, ya ha destinado esos fondos a estos proyectos en Bolivia", ha añadido.
De su lado, el gerente de Adiman, Miguel Ángel Moraga, encargado de supervisar estos proyectos junto con 'Naturaleza, Tierra y Vida (Natura) y la Asociación Social Tarija (Asocio), ONG que operan sobre el terreno y con las que este grupo de acción local lleva trabajando varios años, ha explicado que en el área donde trabajan cumplen una estricta cuarenta desde el 23 de marzo como medida de precaución por la propagación del COVID-19.
"No pueden desplazarse a los centros poblados de abastecimiento de productos de primera necesidad, no cuentan con apoyo para adquirir estos alimentos ni para materiales de bioseguridad y menos para pruebas de COVID, por lo que los efectos de la crisis está terminando con la esperanza de muchas de estas comunidades que, a su vez, tienen miedo al intercambio con las ciudades por la potencial contaminación que puedan llevar a su lugar de origen, donde no cuentan con asistencia sanitaria, ni medicinas ni nada", ha alertado.
Tras precisar que ésta es una zona con un elevado índice de pobreza, que oscila entre el 70 % y el 80 %, Moraga ha aseverado que la implementación de esta ayuda humanitaria contribuirá a aliviar sus condiciones de vida y a frenar el aumento de la vulnerabilidad y la desestructuración económica de las familias y comunidades, "evitando el incremento de la miseria, la hambruna, las epidemias y migraciones forzosas de la población".