Un total de 549 "grandes tenedores" se verán perjudicados este año en Cuenca capital por un nuevo recargo introducido en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para gravar a las viviendas desocupadas en la ciudad.
La medida ha sido aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca, que preside el alcalde socialista Darío Dolz, con el voto a favor del PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha, grupo este último que presentó la iniciativa, y el rechazo del PP y Vox.
La iniciativa supone un recargo del 50 por ciento a las viviendas desocupadas entre dos y tres años, que pasará a ser del 75 por ciento hasta el quinto año y del cien por cien cuando lleven sin uso seis años o más. Para constatar esta situación de las viviendas, el Ayuntamiento hará las comprobaciones oportunas en el consumo de suministro eléctrico y agua.
Objetivo "disuasorio"
Se trata de una modificación del IBI defendida ante el pleno por el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero. La decisión incluye entre los llamados "grandes tenedores" a aquellos titulares de cuatro o más viviendas adicionales a su residencia habitual y que se encuentren desocupadas de forma permanente, es decir, aquellas que estén sin uso de "forma injustificada" durante un plazo mínimo de dos años, informa Europa Press.
Martínez Melero ha defendido en el pleno que el objetivo de este recargo "es disuasorio más que recaudatorio", para que estas viviendas tengan un uso.
Por su parte, la concejala de Cuenca en Marcha María Ángeles García, proponente de la moción, ha agradecido al equipo de Gobierno la celeridad para llevar esta propuesta al pleno y ha señalado que, según los datos recabados, entre estos grandes tenedores hay bancos y empresas, algo que ha confirmado el concejal de Hacienda.
"Interés especulativo"
Se trata, según han explicado, de propietarios que no sacan al mercado estos inmuebles por un interés especulativo, tal como han opinado.
La moción ha sido rechazada por el Grupo Popular, que ha abogado por bonificar a los propietarios y ha señalado las dudas que plantean los informes de la interventora y del secretario, que es desfavorable, según ha apuntado el concejal Juan Guadalajara.
Vox también ha votado en contra, porque consideran que este no es el sistema para que los propietarios saquen la vivienda al mercado, sino que habría que abordar, según ha defendido su portavoz Rafael Rodríguez, la "falta de seguridad jurídica" de los propietarios ante posibles impagos.