Los 22 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara que han declarado este jueves en los juzgados de la capital a raíz de la denuncia presentada contra ellos por manifestar su protesta pública e intentar parar el desahucio de la joven Safira Sánchez de la vivienda propiedad de un banco en la que habitaba, en el barrio de Las Ramblas, hasta octubre del pasado año, han afirmado estar convencidos de que cuando fueron a apoyar a Safira fue para defender el derecho de la joven a una vivienda digna.

Entre gritos de medio centenar de activistas de la Plataforma que gritaban 'Casa sin gente, gente sin casas', '¡Que no, que no, que no tenemos miedo; que sí tenemos rabia!', 'Ni desahucios ni represión' o 'Un desahucio, otra ocupación', estas personas se han concentrado ante las puertas de los juzgados de la capital para apoyar a los 22 integrantes de este movimiento que han declarado ante el titular del Juzgado número 3.

Davinia Marquina es una de las activistas que, al igual que el resto de los activistas investigados, ha sido acusada de un delito de desobediencia y resistencia grave a la autoridad y podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Entre ellos se encuentra también la propia joven desalojada de la vivienda en la que habitaba con su madre, un piso propiedad del banco que hoy está vacío.

Según Marquina, también estaban cumpliendo con el mandato del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU en el que se recoge --ha dicho-- que ese desahucio no se podía llevar a cabo hasta que no hubiera una alternativa habitacional para Safira, y "no la había", ha expresado de manera contundente.

Según Davinia, ese día lo único que hicieron muchos como ella fue apoyar a una familia que meses atrás sufría una situación de vulnerabilidad "hasta que la Policía decidió desalojarnos de forma violenta" y, como consecuencia, estas personas han sido citadas a declarar por un presunto delito que niegan que hayan cometido.

Para la activista esta actitud delata una clara "persecución" hacia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para "desprestigiar" sus acciones.

Por su parte, José Manuel García, otro de los afectados, ha insistido igualmente en que ellos solo trataron de impedir un desahucio "sin ningún tipo de violencia" aunque se les acuse de lo contrario, por lo que considera que con esta acción se "da la sensación de que se quiere asustar a la población".

La joven de 23 años, que tenía en ese momento una discapacidad del 66 por ciento por la que percibía una pensión de 380 euros, tuvo que abandonar la vivienda en la que se alojaba en octubre del pasado año. En la actualidad, dicha discapacidad que se ha incrementado hasta el 76 por ciento, según la Plataforma.

En este momento Safira se encuentra viviendo con familiares y la vivienda de la que fue desalojada sigue deshabitada.