El Ayuntamiento de Guadalajara tiene previsto reunirse estos días, hasta el jueves 17 de octubre, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y con vecinos del barrio de Operación Alamín, para facilitar el cumplimiento de una moción que presentó el PSOE para la cesión a la Junta y a sus adjudicatarios de las 96 viviendas de esta promoción.



La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara denunció en el pleno del 27 de septiembre que este asunto se encontraba dentro del grupo de "expedientes cerrados", lo que implica que el equipo de gobierno, del PP cuando se aprobó dicha moción, "no hizo absolutamente nada", ha denunciado la PAH en nota de prensa.



Además, el concejal de Vivienda del Consistorio guadalajareño, Rafael Pérez Borda, ha abierto un período de consultas con la Sociedad de San Vicente de Paul, actual gestora de estas viviendas sociales.



En la moción aprobada en 2018, se instó al alcalde de Guadalajara "a que contacte con la Sociedad San Vicente de Paúl en España”, con la Diputación Provincial de Guadalajara, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el Gobierno de España para poner a disposición de todas las familias que viven en las 96 viviendas de las calles Valencia, Bilbao y Ávila, desde su primera adjudicación, la documentación y el asesoramiento necesario para que puedan defender sus derechos en la denominada "Operación Alamín".



La plataforma ha alertado de que al menos ocho vecinos de este barrio van a ser desahuciados en los próximos días en Guadalajara, motivo por el que la PAH ha convocado una concentración a las puertas del Centro de Salud del Alamín el 12 de noviembre, fecha en la que está señalado uno de ellos.



El objetivo de esta concentración será repudiar y documentar gráficamente la actuación de la Sociedad de San Vicente de Paul, ya que la plataforma ha denunciado que esta entidad "gestiona irregularmente estas viviendas, a pesar de que ha recibido ayudas públicas y subvenciones de toda clase".



De igual manera, se ha solicitado en trámite de información pública tanto al Ayuntamiento de Guadalajara como al Ministerio del Interior, el informe justificativo del destino dado por esta entidad a las subvenciones percibidas y al que obliga la Ley de Transparencia, dado que la Sociedad de San Vicente de Paul no hace públicas sus cuentas.



Actualmente, la Sociedad San Vicente de Paul es la administradora de estas viviendas pero, según una investigación realizada por la PAH y en la que se han consultado los fondos documentales del antiguo Ministerio de la Vivienda, dichas viviendas fueron entregadas entre 1962 y 1966 con la finalidad de entregar vivienda en propiedad a los beneficiarios.



Según la PAH, la documentación localizada indica que esta entidad debería haber otorgado las escrituras de compraventa de la mayoría de las familias a las que fueron adjudicadas, pero no fue así.