El vicesecretario de Acción Política y Relaciones Institucionales del Partido Popular de Guadalajara, Román García, ha lamentado este jueves la "inacción y silencio" del Gobierno regional en materia de aguas residuales en la provincia de Guadalajara.
Según García, la problemática que se están encontrando los alcaldes de la provincia de Guadalajara en los últimos meses y que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración de aguas y, por tanto, de ejecución de las infraestructuras necesarias, "son competencia del Gobierno socialista de Emiliano García-Page".
García ha explicado que numerosos ayuntamientos de la provincia, en concreto, los de menor tamaño y capacidad económica, están recibiendo un requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica, "poniendo en su conocimiento que están incumpliendo la legislación aplicable, teniendo en cuenta que no disponen de depuradora de aguas residuales urbanas en sus localidades y concediéndoles el llamativo plazo de tres meses para que ejecuten las instalaciones necesarias". Todo ello, ha añadido, "con el riesgo de la correspondiente infracción administrativa y sanción económica".
Silencio de la Junta
Por ello, el Partido Popular ha denunciado "el silencio y la ausencia de trabajo de Page y su Gobierno" y ha exigido "su inmediata implicación".
En primer lugar, reclama su intervención para la paralización de los requerimientos que se han remitido a los ayuntamientos que no disponen de estas depuradoras y, en segundo lugar, que destinen "todos sus esfuerzos" a cumplir la normativa vigente y ejecuten urgentemente todas las infraestructuras necesarias en los municipios de la provincia, "que no tienen competencia ni recursos para ello".
El vicesecretario provincial de Acción Política ha subrayado que "la situación de abandono" por parte del Gobierno de García-Page en este caso "es más que evidente porque la competencia para realizar estas inversiones no es de la Administración Local, sino de la propia comunidad autónoma, en virtud de su propia Ley Autonómica, en concreto la Ley 12/2002 reguladora del ciclo integral del agua de Castilla-La Mancha".
Es más, ha añadido, "la Administración Regional encargó esta tarea a la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que curiosamente dirige el propio consejero Martínez Arroyo".
Convenios
En este sentido, ha apuntado que Infraestructuras del Agua tiene firmados desde hace ya años varios convenios por parte de distintos ayuntamientos de la provincia de Guadalajara para la construcción de estas depuradoras y "no ha cumplido con su compromiso y en otras localidades ni siquiera ha planteado propuesta alguna".
García ha reclamado "soluciones reales, urgentes y efectivas" para ellos y ha asegurado que "el Gobierno Regional no está actuando a la altura de las circunstancias".