Absuelto el activista de Guadalajara que fotografió a los agentes judiciales de un desahucio

La acusación provocó un debate en varios medios de comunicación, ONG's y movimientos sociales donde incluso Amnistía Internacional advirtió que “el empleo de leyes de difamación, como el delito de injurias, con el propósito o el efecto de inhibir la crítica hacia el gobierno u oficiales públicos viola el derecho a la libertad de expresión".

Herchhoren declaró en el juicio que su intención "era dar publicidad al hecho en sí del desahucio y exponer a las personas que habían sido responsables del mismo, ejecutándolo en condiciones muy duras. Su intención, cuando consignó dicho comentario, era hacer una exposición de quienes habían dejado a un bebé en la calle". También recordó al tribunal que una de las finalidades de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) es que cuando se producen este tipo de actuaciones, hay una crítica pública y se señala a los funcionarios en clave del desacuerdo frente a la ejecución del desahucio, precisamente por su función de servidores públicos".

Desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, que en los próximos meses encara otro juicio por la protesta pacífica contra una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo, el 5 de diciembre de 2017, en la que fueron detenidas 8 personas activistas de la PAH, constatan que la fiscalía ha usado el Código Penal para detener movilizaciones y establecer el miedo, en este caso, a aquellas personas de la sociedad de Guadalajara más comprometidas. En el caso de Diego, todas las fuentes jurídicas consultadas han perseverado en lo increíble de la petición de cárcel. En el caso de las 8 de Cabanillas, las activistas suman peticiones de cárcel de hasta 3 años y medio.

Estas "penas elevadísimas", y el caso de Diego Herchhoren ha sido evidente, al cuál le sigue una "oferta" poco antes de entrar en la sala de vistas sorprende cuando luego se reduce, y mucho, el castigo solicitado por parte de la Fiscalía (y que siempre tiene que tener el visto bueno de su superior, al ser un órgano jerárquico). De hecho, fue en el propio juicio donde el fiscal Bernardino Díaz solicitó una rebaja de 1 año y medio a la petición inicial, según la nota de la PAG.

"La estrategia del miedo de la Fiscalía no les ha funcionado"

"Mucha gente acepta una condena rebajada, antes que pelear", por lo que desde la Plataforma acreditan así que esta forma de actuar es una estrategia para obtener condenados, además de para desmovilizar a quien tenga el deseo de protestar activamente contra aquellas situaciones que considera injustas. "El objetivo es que las personas afectadas desistan de seguir protestando, y que el resto haga lo mismo, pero no lo han conseguido". Y en efecto, esta acusación consiguió el efecto contrario, ya que hizo que sonara una voz de alarma considerable, incluso en un contexto de movilización muy complicado derivado de las restricciones sanitarias.

También aseguran que “la absolución revela un nuevo escándalo: la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción han sostenido una acusación insostenible que podría haber llevado a Diego a la cárcel, por ser una petición de más de dos años de cárcel". Entienden que el fallo judicial que absolvió a Diego Herchhoren deja claro que protestar contra las resoluciones judiciales no es ningún delito, aunque sí matiza que podría existir, si acaso, un delito leve de coacciones, si hubiera mediado denuncia previa, que tampoco la hubo.

Desde la Plataforma Antirrepresiva ya adelantan que esta misma situación se va a reproducir en los próximos meses. El 5 de diciembre de 2017, en el marco de unas negociaciones con la entidad financiera Caixabank de Cabanillas del Campo, fueron detenidas 8 personas en el interior de la sucursal, que reclamaban constancia escrita de un compromiso previo de la entidad respecto al ofrecimiento de un alquiler social a una familia monomarental, con tres hijos, sobre la que pesaba una orden de desahucio.

La Subdelegación del Gobierno, a petición de Caixabank, ordenó esposar y detener a las 8 personas que se encontraban en la sucursal a la hora de cierre, y a las que tanto la Fiscalía como la entidad financiera piden penas de prisión que alcanzan los 3 años y medio, y cuyo juicio está próximo a ser señalado.