La Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de cárcel para el alcalde de Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal Martínez, por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración pública, falsedad continuada en cargo público y administración desleal.

Así lo ha confirmado este miércoles en rueda de prensa Enrique Pérez, quien fuera concejal de Unidas Fontanar cuando se produjeron los hechos por los que ahora el Juzgado de Instrucción nº 3 de Guadalajara ha abierto juicio oral -aún pendiente de fecha- y en el que también será juzgada la secretaria interventora del municipio, para la que se pide una pena de 5 años de prisión por los delitos de falsedad continuada en cargo público, malversación de caudales públicos, administración desleal y apropiación indebida.

También se sentarán en el banquillo el jefe de Protección Civil de Fontanar, para quien el ministerio público pide 4 años y 6 meses de cárcel por delitos de malversación y administración desleal; el responsable de los talleres de empleo de la localidad, a quien se le imputan delitos de falsedad en documentos oficiales y malversación y se pide para él pide dos años y medio de cárcel, y la madre del jefe de Protección Civil, a quien le piden 5 años de cárcel por malversación de caudales públicos y fraude.

Este procedimiento se remonta a julio de 2019 cuando en una operación de la Policía Judicial impulsada por la Fiscalía, el alcalde y demás acusados fueron detenidos y prestaron declaración ante el juez, que les dejó en libertad con cargos tras una intervención y registro de la Guardia Civil en el consistorio.

Irregularidades

Según ha explicado Pérez, esta intervención es fruto de las denuncias de irregularidades realizadas desde Unidas Fontanar y también por parte de dos trabajadoras del Ayuntamiento, una de ellas funcionaria y que continúa trabajando con presiones, y otra que fue despedida tras denunciar dichas irregularidades y cuyo despido ha sido dictaminado como nulo en una sentencia dictada, hace menos de un mes, por el Juzgado de lo Social de Guadalajara, que condena por vulneración de derechos al Ayuntamiento, que la ha recurrido.

A este respecto, Pérez ha precisado que el consistorio ha preferido pagar el sueldo de la trabajadora despedida sin acudir al puesto de trabajo, a la espera de que la sentencia sea firme.

“Queremos denunciar que en este país no se protege a quienes denuncian las irregularidades y casos de corrupción”, ha denunciado Pérez, quien ha recordado que España es el único país de la OCDE que no tiene una regulación para proteger a estas personas.

La causa contra el alcalde de Fontanar se suma a otra que ya tiene fecha de juicio el próximo 25 de noviembre, por la que la Fiscalía también pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública y, además un auto del juez de instrucción número 1 de Guadalajara establece 9 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.

Esta investigación se remonta a noviembre de 2018, cuando dos concejales de Unidas por Fontanar (antes 'Ahora Fontanar'), uno de ellos Enrique Pérez, interpusieron una denuncia contra el alcalde de Fontanar por la adjudicación y ejecución de las obras del Sector 4.

En ella, se denunciaba que este contrato se adjudicó a una empresa que no existía, sin experiencia en obras de urbanización y cuya administradora única es la madre del Jefe de Protección Civil, amigo íntimo del alcalde.

Ambas causas suman una petición de cárcel de más de 14 años de prisión para el actual regidor de Fontanar.