La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este jueves interponer cuatro recursos contencioso administrativos contra las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) al desestimarse los recursos de reposición presentados por el Ayuntamiento tras la imposición de expedientes sancionadores al Consistorio por el vertido de aguas residuales en el arroyo del Aserradero y la depuradora del Polígono por un total de 73.953 euros.

El portavoz del equipo de Gobierno toledano, José Pablo Sabrido, ha detallado que estas sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo fueron impuestas en el año 2016 y recurridas por el Consistorio toledano ante dicho organismo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. El portavoz ha explicado que al haber sido desestimados estos recursos, las sanciones se recurren ahora por la vía contencioso administrativa "para que la última palabra la tenga el juez".

El equipo de Gobierno de la capital regional sigue sosteniendo que la CHT, que es el órgano encargado de velar por la integridad del río, "sigue sin explicar los episodios reiterados de espumas que se vienen produciendo en el Tajo a su paso por Toledo en los últimos años".

Itinerarios de formación

De otro lado, según ha informado el concejal, se ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación del servicio que impartirá dos itinerarios de formación y empleo dentro del Programa Europeo de Empleo Juvenil y se ha aceptado la subvención de la Consejería de Economía para la puesta en marcha del Programa de empleo 'Garantía+55años'.

También se ha aprobado el desarrollo de la ley del Estatuto Básico del Empleado para elaborar el diagnóstico previo en el que se fundamentará el Plan de Igualdad de los Empleados y Empleadas Municipales. Asimismo, se ha dado el visto bueno al calendario anual de eventos deportivos en la vía pública de 2018 y se ha acordado prorrogar por un año el contrato suscrito con la empresa 'Editorial MIC S.L.', encargada de editar la agenda cultural de la ciudad.

Por último, la Junta de Gobierno Local se ha dado por enterada de la memoria de actividades del Tribunal Económico Administrativo municipal durante el ejercicio de 2017, acordándose elevar la misma al Pleno municipal. José Pablo Sabrido ha especificado que el año pasado se registraron 91 nuevas reclamaciones, sumándose a las 28 de 2016, y han sido resueltas 68.

En este sentido, el portavoz ha dicho que han bajado las reclamaciones de IBI frente a un incremento en las reclamaciones por plusvalías que considera "lógico" tras la sentencia del Tribunal Constitucional que "cuestiona que se cobre la plusvalía cuando no hay incremento real" y la "inoperancia" del Parlamento español "que no redacta una nueva regulación en materia de este impuesto, lo que crea inseguridad en las instituciones locales y la ciudadanía".