La alcaldesa de Cebolla (Toledo), Silvia Díaz, ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ya cuenta con un proyecto técnico para poner fin a las inundaciones que se producen en la localidad cuando se desborda el arroyo Sangüesa.



En declaraciones a Efe, Díaz ha comentado hoy que el subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, le confirmó la semana pasada que los técnicos de la CHT ya cuentan con una propuesta para solventar el problema.



La alcaldesa ha apuntado que cuando concluyan las fiestas navideñas volverán a reunirse las diferentes partes implicadas en el proyecto para debatir la mejor manera de desarrollarlo, así como la que sea más "rápida y factible", ha concretado.



En este sentido, ha dicho que las obras dependen ahora de "decisiones políticas" relacionadas con la ubicación de las diferentes infraestructuras que se van a construir para terminar con las inundaciones, así como con la compra o expropiación de terrenos.



A mediados del noviembre de 2018 se celebró en Cebolla una reunión entre responsables del Gobierno central, CHT, Junta, Diputación de Toledo y Ayuntamiento cebollano para abordar soluciones con las que paliar las crecidas del arroyo Sangüesa.



Tras el encuentro, el presidente de la Confederación, Antonio Yáñez, aseguró que el órgano de cuenca iba a asumir un estudio preliminar elaborado por la institución provincial, que contemplaba actuaciones "aguas arriba" del regato.



Sobre este punto, Yáñez resaltó que se iban a construir una o dos balsas para retener el agua en caso de crecida, así como para reducir la velocidad del líquido elemento cuando se produjeran fuertes precipitaciones.



También apunto que el proyecto se llevaría a cabo en 2019 y contemplaría igualmente una restauración fluvial para mejorar el cauce del arroyo ante futuras inundaciones. 



Las últimas inundaciones se produjeron en otoño de 2018, cuando debido a una tromba de agua, se desbordó el arroyo Sangüesa e inundó gran parte de la localidad y dañó viviendas y edificios de uso público como el centro de salud y la biblioteca, donde se perdió el 80 por ciento de los fondos.