La Guardia Civil, en el marco de la operación Lubido-Hezurra, ha desarticulado una organización criminal dedicada a extorsión, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, usurpación de estado civil y falsificación de documentos. Han sido detenidas en Valencia 14 personas y cinco investigadas, han sido bloqueadas 51 cuentas bancarias e intervenidos 13 vehículos y 10.000 euros en efectivo.

Los investigadores de la Guardia Civil han podido acreditar alrededor de 40 extorsionados con los que este grupo criminal había obtenido de forma ilícita unos 500.000 euros. Han sido localizadas, hasta el momento, víctimas en Teruel, Huesca, Zaragoza, Álava, Navarra, Castellón, Valencia, Salamanca, Murcia, Toledo, Jaén, Huelva, Albacete, Cantabria, Alicante, A Coruña, León y Segovia.

Esta operación se inició en el mes de marzo de 2018, tras recibir la Guardia Civil varias denuncias de personas que se habían conectado con mujeres que ofrecían servicios sexuales a través de una conocida página web de contactos.

Las citas nunca se produjeron, pero a raíz de esos contactos las víctimas recibían multitud de llamadas y mensajes desde aplicaciones de mensajería instantánea, en los que varias personas les exigían grandes cantidades de dinero, bajo coacciones y amenazas de difundir estos encuentros a sus parejas o familiares. En alguna ocasión las víctimas llegaron a ser amenazadas de muerte.

Todos los detenidos estaban afincados en la provincia de Valencia, aunque esta organización tenía una estructura jerarquizada y compleja en la que cada miembro cumplía con un papel específico dentro de ella pudiendo así operar a nivel nacional.

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Los cabecillas de la organización criminal eran los encargados de realizar las extorsiones. Para ello, a través de la web de contactos, publicaban anuncios de forma masiva, en diferentes provincias de España y una vez que las víctimas establecían contacto, realizaban las extorsiones y amenazas.

En ese momento entraban en acción las "mulas", personas que ofreciendo su cuenta bancaria obtenían por cada uno de los ingresos un porcentaje de beneficios y eran los encargados de recepcionar el dinero procedente de las actividades delictivas y entregarlo a los dirigentes de la organización.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por agentes de la Guardia Civil de las Comandancias de Teruel y Guipúzcoa y coordinado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel.