El sindicato UGT se presentará como acusación particular en la investigación abierta por la Fiscalía de Fuenlabrada por la gestión del incendio originado en el término municipal de Almorox (Toledo) y que se propagó hasta la Comunidad de Madrid, afectando a una extensa zona de los municipios madrileños de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

Así lo ha comunicado el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa previa a la visita que una delegación de UGT, en la que estaba presente el secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, ha realizado este martes a los bomberos forestales de las bases contra incendios de Talavera de la Reina y Navamorcuende.

Al respecto, Álvarez ha informado de que la intención es que las diligencias previas de la Fiscalía y la posterior intervención de los tribunales permita "no solo esclarecer las responsabilidades que ha habido en la situación laboral de los trabajadores sino situar las deficiencias del sistema actual en muchas zonas del país".

De hecho, el secretario general del UGT ha afirmado que "si el foco en lugar de estar en Castilla-La Mancha, hubiera estado en Madrid, se hubiera intervenido antes y no el desastre que hizo el incendio".

Álvarez se ha referido a unas grabaciones de los retenes de bomberos forestales de Madrid en las que dieron el primer aviso de las llamas a 8 kilómetros, en Castilla-La Mancha, pero "no pudieron actuar durante 39 minutos porque necesitaban la autorización", lo cual, a su juicio, agravó el mayor incendio forestal registrado en la Comunidad de Madrid.

Para Álvarez, el fallo de coordinación entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha durante los primeros minutos impidió una respuesta rápida a la catástrofe. Madrid y Castilla-La Mancha autorizan recíprocamente la entrada sin permiso en el territorio vecino hasta 2 kilómetros con el fin de apagar incendios pero Almorox se encuentra a 4 kilómetros del límite provincial con la Comunidad de Madrid por lo que no podían actuar sin la autorización de Castilla-La Mancha.

Por otra parte, ha recordado que UGT ha denunciado ante la Fiscalía una supuesta "negligencia" en el trabajo de extinción del incendio, al considerar que cinco bomberos forestales estuvieron a punto de perder la vida durante el incendio por las pésimas condiciones laborales de las brigadas forestales, que "pone en riesgo una y otra vez su salud y su integridad física".

La Junta afirma que cumplió con su obligación

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido este martes un comunicado con el objetivo de clarificar que "el retraso en la respuesta técnica" al incendio que se originó el pasado 28 de junio en la población de Almorox (Toledo) y que se expandió hasta la Comunidad de Madrid "en ningún caso se debió a la acción del servicio de extinción de Castilla-La Mancha".



"A los cinco minutos de la detección del incendio por el puesto de vigilancia fija de Castilla-La Mancha, se encontraba trabajando ya un medio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y un Director de Extinción en el terreno y se asignaron otros dos", añade.



Recuerda también la Junta que la Comunidad de Madrid actúa en el límite de Castilla-La Mancha recurrentemente en terrenos próximos a los límites administrativos y que "no se ha solicitado autorización para actuar ni por tanto se ha autorizado ninguna intervención ni en este incendio ni en ningún otro". En este sentido abunda que "la colaboración entre las Comunidades Autónomas es una acción normal y recurrente, en ocasiones solicitada y la mayoría de las veces ofrecida" y que el Centro de Coordinación Operativa Regional de Incendios (COR) tiene constancia de que, en lo que va de año, al menos en nueve ocasiones, medios de la Comunidad de Madrid han accedido al territorio de Castilla-La Mancha sin autorización alguna, lo que prueba la coordinación y el buen funcionamiento entre ambos gobiernos regionales.



Así, argumenta la Junta, "los incendios no conocen de límites administrativos, en ocasiones se producen en una comunidad y entran en otra". "Se es consciente de las críticas que está recibiendo la Comunidad de Madrid por su intervención, las situaciones de riesgo que sufrieron algunos de los combatientes y las reactivaciones que se pudieron producir mientras dirigía la extinción, pero no tiene nada que ver con la intervención de esta comunidad autónoma en la extinción que hasta la fecha, no ha recibido ninguna crítica", ha resaltado el Gobierno castellano-manchego.



Por último, destaca que "no existe ningún convenio vigente entre estas comunidades autónomas, debido a que la Comunidad de Madrid no aprobó ni firmó dicho acuerdo".