Vox ha informado de la presentación este viernes en Madrid de una querella criminal contra Twitter tras el cierre de su cuenta en esta red social, algo que la formación de Santiago Abascal considera "injustificado", por lo que ha reclamado al juzgado que ordene la reapertura como medida cautelar mientras se resuelve el asunto. La cabeza visible del partido en este apartado es el diputado por la provincia de Toledo Manuel Mariscal.
Twitter decidió limitar las funciones de la cuenta de Vox en enero por un comentario que cree que incita al odio y vulnera por tanto la política de conducta de esta red social. La limitación de funciones significa que los administradores de la cuenta pueden acceder a ella y enviar mensajes directos a sus seguidores, pero no pueden publicar comentarios ni señalar 'me gusta' ni 'retweet' a otros usuarios.
La red social solicitó a Vox que lo eliminara, pero este partido se ha negado porque interpreta que es censura y ha decidido llevar el asunto a los tribunales. La denuncia se fundamenta en la posible comisión de "una lesión de derechos fundamentales" de Vox, como son los de libertad de expresión, de participación política, libertad ideológica y pluralismo e igualdad política.
También entiende este partido que Twitter podría estar cometiendo un delito de injurias por "la acusación falsa" a Vox de mantener "una conducta que incita al odio", un mensaje que mantiene a la vista de los usuarios y que está "lesionando, claramente, el derecho al honor de este partido político".
El escrito defiende que esta decisión arbitraria de la red social, que mantiene bloqueada la cuenta de VOX, causa una lesión irreparable a la formación política y que, por lo tanto, se solicita que el juzgado adopte como medida cautelar el restablecimiento de la cuenta
suspendida.
En el comunicado, Vox asegura que ha intentado una salida extrajudicial al conflicto pero que Twitter se ha negado "a cualquier posibilidad de contacto" que permitiera el acuerdo. Su decisión ha sido "arbitraria", a juicio de partido político, y se ampara en una expresión en su opinión ambigua como es "incitación al odio".
La polémica
La polémica comenzó con un 'rifirrafe' entre Vox y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. "No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógadas no sean las de toda la sociedad", denunció la dirigente socialista.
"Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia", respondió la cuenta oficial de Vox, que gestiona su responsable de Comunicación, el diputado Manuel Mariscal.
Vox entiende que se está censurando una réplica al partido en el Gobierno, el PSOE, y que se censura a "millones de españoles" a los que dice representar. Otros dirigentes políticos se han referido al uso de guillotinas o han imputado delitos a otras personas "sin que hayan tenido ningún tipo de respuesta de Twitter".
"Mantener la cuenta censurada durante más de quince días, alegando una vulneración de estándares que no se ha producido, daña la imagen del partido y su derecho al honor", concluye Vox.