La portavoz municipal del Ayuntamiento de Talavera, Flora Bellón, ha aseverado que desde el equipo de Gobierno se va a hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo respecto a los planes de empleo "adoptando decisiones con responsabilidad y buscando el equilibrio" entre lo que es la contención del gasto y poniendo en marcha una serie de medidas que hacen falta, "sobre todo, a los que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis económica y a los que no queremos ni vamos a dejar atrás".

En la misma línea, ha expuesto que quieren "revitalizar la actividad económica en la ciudad", recordando que ya se han puesto en marcha diversas medidas, porque pretenden "estar al lado de los que más lo necesitan". Teniendo en cuenta esta situación económica y financiera, ha subrayado que, "poco a poco y paso a paso, estamos obligados a tomarlas para ir sacando adelante la ciudad", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Así ha valorado la portavoz el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que se trasladó el pasado 10 de julio, por el que el Alto Tribunal viene a inadmitir el recurso de casación que se interpuso en su día por parte del Ayuntamiento en contra de la sentencia que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y que, por tanto, declara firmes las sentencias del TSJCM y del Juzgado de lo Social por las cuales se condenaba al Ayuntamiento a pagar las diferencias salariales en las retribuciones de los trabajadores de estos planes de empleo.

Bellón ha reconocido que este auto es un "mazazo económico" para el Consistorio, que está obligado a cumplir con esa sentencia. Concretamente, ha detallado que las diferencias salariales totales, correspondientes a todos los planes de empleo que se han gestionado en los últimos años por parte del Ayuntamiento, se refieren a 2015, 2016, 2017 y 2018. Los planes de estos años, más los pagos de la Seguridad Social, ascienden a un total de alrededor de 14 millones de euros.

Pero, en concreto, este auto se refiere al conflicto colectivo que se interpuso contra las convocatorias de 2015 y 2016, por lo que se baraja una cantidad de unos 7 millones de euros, contando que también hay que pagar por las diferencias en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Una herencia de 4,6 millones en negativo

La portavoz ha recordado que fue la "prepotencia" del anterior Gobierno talaverano la que ha llevado a los tribunales esta cuestión, al tiempo que ha añadido que sobre la mesa han dejado una herencia con un remanente negativo de tesorería de 4,6 millones de euros.

La portavoz municipal ha manifestado que el auto llega "cuando ya tenemos, también, sobre la mesa un remanente negativo de tesorería de 4,6 millones de euros y cuando nos enfrentamos a una más que previsible caída de los ingresos en el Ayuntamiento, como consecuencia de una pandemia sanitaria que ha provocado una paralización de la actividad económica", y que va a afectar a todos los niveles, "especialmente en la materia de ingresos".

Lejos de querer poner el foco sobre los responsables de esta situación económica, Bellón ha querido recordar que fueron los gestores anteriores del PP, con Jaime Ramos y Santiago Serrano, los que "con su prepotencia llevaron a los tribunales esta cuestión que, ahora, nos ha costado esta cuantía tan importante para las arcas municipales".

Respuesta del PP

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, ha señalado que "ha quedado patente el problema de base" en el diseño de los planes de empleo, así como "la baja inserción inserción laboral" de sus participantes, por lo que, ha afirmado, "la Junta de Comunidades debe replantearlos".

Así se ha expresado a propósito de la inadmisión por el Tribunal Supremo del recurso de casación presentado por el Consistorio e IPETA contra la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a pagar tras una demanda de Comisiones Obreras contra los contratos de planes de empleo para que los desempleados contratados cobrasen lo mismo que los trabajadores municipales.

El portavoz 'popular', en un comunicado, ha recordado que el Ayuntamiento de Talavera se acogió a los planes de empleo convocados por el Gobierno de Castilla-La Mancha siguiendo los informes de los técnicos municipales, además de recibir la respuesta favorable de la Junta sobre si las retribuciones de los trabajadores eran correctas.

Por ello, ha apuntado, "es absurdo que el PSOE niegue ninguna responsabilidad en un programa diseñado y convocado por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, del que formaba parte como consejera Agustina García, y que también ha tenido un recorrido judicial desfavorable para otros ayuntamientos como el de Méntrida".