La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado el inicio del procedimiento para resolución del Plan de Actuación Urbanística (PAU) de la Vega Baja, que supondrá finalizar con el proyecto de construir 1.300 viviendas en esta zona de la ciudad.



En una rueda de prensa, el vicealcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Toledo, José Pablo Sabrido, ha explicado que este inicio para resolver el PAU supone "un paso más" para que la empresa "Toletum Visigodo" deje de ser agente urbanizador, y poner así punto y final al proyecto de construir 1.300 viviendas en esta zona, declarada Bien de Interés Cultural.



La empresa Toletum Visigodo tenía firmado con el Ayuntamiento la responsabilidad de desarrollar un Plan de Actuación Urbanística (PAU), pero la declaración de la zona como Bien de Interés Cultural y la aprobación de la modificación 28 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) motivaron que la construcción de las viviendas quedara suspendida.



Por otro lado, el Ayuntamiento de Toledo ha iniciado el expediente de contratación de asistencia técnica para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible e Integrado en Toledo, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



El vicealcalde ha explicado que, a pesar del retraso que ha sufrido la aprobación de este expediente, ha merecido la pena porque ha pasado de una previsión inicial de 50.000 euros y ha permitido destinar finalmente 99.825 euros.



Se trata de un documento que servirá de referencia al futuro Plan de Ordenación Municipal y cuyos objetivos deben estar basados en la planificación de la ciudad desde la sostenibilidad, el crecimiento económico, el respeto al medio ambiente y la apuesta por el transporte público y la movilidad no motorizada.



Además, Sabrido ha detallado que el adjudicatario que se encargue de la redacción del plan de movilidad "deberá presentar un análisis de la situación actual y un diagnóstico del transporte, de la movilidad y de los aparcamientos”, y deberá proponer actuaciones “en materia de movilidad urbana, transporte público, aparcamiento y movilidad peatonal”, con especial incidencia en los itinerarios en los entornos escolares.



El equipo de Gobierno espera tener el documento definitivo en el plazo de un año desde la firma del contrato, una vez sea adjudicado.