El portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Pedro Congosto, ha anunciado este jueves la presentación de una moción en la institución provincial "para instar al Gobierno de España a que no se apropie de los ahorros de los municipios" y ha asegurado que "el PSOE de Toledo tendrá que retratarse" y dejar claro "si están a favor de los ayuntamientos, respetando sus ahorros, o por el contrario lo están de Pedro Sánchez, y a favor de confiscar los ahorros de los municipios y vecinos de la provincia".

Congosto ha pedido al presidente de la institución provincial, Álvaro Gutiérrez, y también al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, que dejen claro cuáles son "sus intenciones reales" respecto a los ahorros de los ayuntamientos y de la propia Diputación, porque tenemos que saber "si van a pensar en los vecinos de los municipios de la provincia y votarán en contra de que el Gobierno de Pedro Sánchez se lleve el dinero de los ayuntamientos o votarán a favor de expoliar a los consistorios, como quiere su jefe".

El portavoz del PP en la Diputación ha recalcado que "no queremos escuchar una cosa y que luego el PSOE vote lo contraria, como ya nos tienen acostumbrados Page y sus diputados, queremos coherencia y que se ayude a los municipios a conservar sus ahorros y a gastarlos en lo que más necesario consideren para sus vecinos", desde obras, infraestructuras y servicios, hasta la lucha contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

En este sentido, ha recordado que "estos ahorros pueden significar que no se realicen proyectos que en el caso de muchos ayuntamientos se han preparado durante años". En este sentido, ha puesto como ejemplo que a una localidad a la que le quiten 200.000 euros, le estarían quitando la libertad de realizar, por ejemplo, "el asfaltado integral de todo el municipio, la remodelación completa de tres o cuatro calles o la reforma de varios locales municipales".

Para Congosto,"de dichas obras todos los vecinos se benefician, mientras que el PSOE lo que quiere hacer es llevarse ese dinero para despilfarrarlo en asesores y ministros", por lo que ha insistido en que "los ayuntamientos queremos gastar el superávit en nuestros municipios y en ayudar a nuestros vecinos", mucho más en estos momentos en los que ese dinero podría servir también para luchar contra la pandemia de COVID-19.

Moción en la Diputación

Por ello, el Grupo Popular propone en su moción que la Diputación de Toledo manifieste su apoyo expreso "al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real Decreto-Ley 27/2020 para defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos".

Asimismo, buscan que se muestre "el profundo rechazo de esta Diputación al procedimiento negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una ‘apariencia’ de apoyo unánime de las entidades locales. Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los representantes socialistas y de IU-Podemos en la FEMP excluyendo al resto de fuerzas políticas con representación en dicha institución".

Por otro lado, la propuesta quiere que se solicite a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su presidente, Abel Caballero, por "no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución", "no defender los intereses de las entidades locales" y provocar que, "por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos del organismo".

El PP de la provincia toledana plantea también en su moción que la Diputación exprese su compromiso "con la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el Gobierno de la nación" y el profundo rechazo "a cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles".

Por último, reclaman que la Diputación inste al Gobierno de España a "respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto".