Unos 120 autobuses de la provincia de Toledo se han concentrado esta martes durante 20 minutos a las puertas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en Toledo, para reclamar al Gobierno regional el pago de la deuda, cifrada en 1.300.000 euros, al no dar soluciones para resolver la situación "crítica" del sector.

La concentración, que ha acabado a las puertas de la Delegación provincial de Educación, en la Avenida de Europa, con otro paro de 20 minutos, tras pasar por la autovía y la Avenida de Portugal, "no es para hacer daño a nadie, pues esta mañana se han hecho todas las rutas escolares, y sí por la necesidad que tenemos de cobrar", ha subrayado a los medios de comunicación el presidente de la Asociación de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Toledo, Carmelo Casla.

Casla se ha referido al aplazamiento de esta concentración, programada para el pasado día 1, a petición del presidente autonómico, Emiliano García-Page, de cara a buscar una solución que no ha llegado después de 15 días y sendas reuniones con el vicepresidente regional, José Luis Martínez, el día 2, y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, el día 11.

"Nos han transmitido buenas intenciones, pero con eso no se come, y sólo esperamos que se conviertan en hechos, de una vez por todas", ha defendido Casla, quien ha aludido a los retrasos en los pagos y una deuda actual en torno a 1.300.000 euros, después del abono de unos 250.000 euros esta pasada semana.

"El resto de provincias cobran puntualmente"

Casla se ha quejado amargamente de que "el resto de provincias cobran puntualmente y no entendemos por qué Toledo no", donde se computan unas 350 rutas de las más de 600 en toda la región, que atienden unas 70 empresas que suman a unos 1.300 empleados y afectan a más de 4.000 personas.

La primera de las cinco reivindicaciones de la asociación es el pago de las rutas escolares a 30 días, "igual que al resto de provincias, porque el año pasado se nos abonaron dos años de retraso", ha sostenido.

También que se les haga efectivo el 25 % pendiente de pago de la indemnización de los contratos de transporte escolar cancelados con la pandemia, en marzo, "cuando se había llegado a un acuerdo para el abono del 50 %, y ahora casi tenemos que negociar desde el inicio".

Además, el pago de las ayudas por aplicar medidas sanitarias "correctas" en los vehículos por el covid-19 que "el Ministerio de Fomento cifró en 20 euros por día y coche, pero que la Administración regional quiere que todo sea a nuestra costa, y eso es imposible de aguantar".

Las dos últimas cuestiones afectan al servicio discrecional, que "trae a los turistas a la región y que está sin hacer nada desde que empezó la pandemia", y al servicio regular, que sigue en activo, aunque se ha reducido más del 20 % por la pandemia, ha estimado.

Aquí, Casla ha reconocido que la Consejería de Fomento ha abonado 1.900.000 euros, pero ha reclamado que el Gobierno regional aplique este año los 9,2 millones de euros que el ministerio, a través del fondo de compensación del virus, ya ha aportado a la región.

"Necesitamos las ayudas ahora, no dentro de dos años, y el Ministerio ya ha facilitado a la comunidad unos fondos que son finalistas y tienen que recaer tanto en autobuses de servicios discrecionales como regulares", ha sentenciado.

Respuesta de la Consejería de Educación

Ante las protestas, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes haseñalado que, desde su punto de vista, estas protestas no están justificadas porque desde la administración educativa "se están cumpliendo los compromisos adquiridos con el sector".

Además, han indicado que, tras la declaración del Estado de Alarma, desde la Consejería, en cumplimiento del artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, "se acordó indemnizar a todas las empresas del transporte escolar con el 50 por ciento del coste del servicio de las rutas que se habían tenido que suspender, lo que suponía el desembolso aproximado de 3.500.000 euros".

De este modo, la Consejería ha señalado que Castilla-La Mancha ha sido la "única comunidad autónoma que procedió a adelantar por anticipado la mitad de esa indemnización (1.750.000 aproximadamente)". "El pago de la otra mitad restante está supeditado a que acrediten la realidad de los gastos ocasionados por la suspensión del servicio, tal como exige la Ley. Y a pesar de las diferentes prórrogas que se han concedido a estas empresas, hasta el momento no se ha producido en ningún momento esta justificación", ha explicado.

"Ante la pretensión de las concesionarias del transporte escolar de sustituir esta justificación de estos gastos por una declaración responsable, desde la Consejería de Educación queremos dejar claro que este hecho no es aceptable legalmente y prueba de ello es que ninguna comunidad autónoma ha accedido a proceder de este modo", ha comentado.

Desde la Consejería han recordado también que se han adoptado otras medidas para ayudar a este sector como permitirles el fraccionamiento de la garantía definitiva que tienen que depositar para ejecutar los contratos, o prorrogar de oficio todas las rutas, aun cuando ya no tuviesen esa posibilidad, aprovechando la oportunidad que daba el Real Decreto Ley de Estado de Alarma.

Sobre los pagos ordinarios, han indicado que se están haciendo a 30 días en todas las provincias de la región exceptuando en Toledo, donde debido a unos problemas con la tramitación de las prórrogas de los contratos, que ha requerido su elevación a Consejo de Gobierno, se ha retrasado el inicio de los pagos.

"Solucionado ese problema, ya se han abonado a las empresas que prestan servicio en la provincia de Toledo un montante de 714.000 euros del mes de septiembre, y otros 400.000 euros ya del mes de octubre se abonarán durante el día de hoy. El resto de ese mismo mes está ya en Intervención para ser abonado en los próximos días", ha asegurado.

Además, en cuanto a las críticas vertidas sobre las medidas sanitarias a cumplir en los autobuses, han asegurado que "no se les han impuesto obligaciones adicionales que requieran compensación económica, ya que limpiar los vehículos una vez al día es algo a lo que ya están obligados según sus contratos y la única exigencia adicional que se les ha hecho es que esa limpieza se produzca con un producto viricida como puede ser la lejía, tal como lo han indicado las autoridades sanitarias".

En todo caso, los responsables de la administración educativa, que se han reunido en numerosas ocasiones con representantes del sector, han comentado que están abiertos al diálogo y el acuerdo, siempre respetando los márgenes legales.