La plataforma "Más Plurales" por la libertad de enseñanza han pedido este jueves que se paralice la tramitación de la nueva ley educativa, también denominada "Ley Celaá" , antes de finalizar su paso por el Senado, por considerar que ataca a la libertad de educación, y ha abogado por un pacto educativo y consenso.
Así lo han manifestado este jueves en una concentración organizada frente la Delegación del Gobierno, en la Plaza de Zocodover, en Toledo, convocada por la plataforma Más Plurales, a las que se han sumado la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Carmen Picazo, y la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso.
En este sentido, Picazo ha considerado que esta ley no es "más que un instrumento" para acabar con la educación concertada y la educación especial y ha advertido de que su partido no lo va a tolerar, porque es una ley, a su juicio, que nace de espaldas a la comunidad educativa, porque "no es una ley que haya tenido consenso", ha asegurado.
Asimismo, ha lamentado que el PSOE haya llevado hacia delante una ley "tan reaccionaria", lo que ha considerado como "un pasteleo" del partido del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con los socios del PSOE en el Gobierno central, en alusión a Unidas Podemos y formaciones independentistas como ERC, para "dar beneficio a los separatistas" y no para mirar por el beneficio de la calidad educativa.
Por otro lado, Alonso ha criticado esta ley porque "busca enfrentamiento, confrontación, la división y la eliminación de la libertad de las familias, de los centros y de los docentes, de la libertad de cátedra y del derecho que tienen las personas con discapacidad".
También, se ha referido a "la oportunidad" que tiene García-Page, para que "de una vez por todas, se defina" en el debate que tiene lugar este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha, por lo que ha apuntado que tiene la oportunidad de defender la libertad de elección de centros, y de esta manera, "hacer lo que ellos predican, que es que están con todas las familias y con todos los padres".
Por otro lado, el secretario autonómico del sindicato Independiente de Enseñanza, Juan Batanero, ha solicitado "una red dual", donde la educación publica y concertada puedan convivir y se acojan a unas normas en favor del alumnado, porque a su entender, la ley LOMLOE "ataca" a la libre elección de los padres y a la financiación.
Por ello, ha pedido paralizar la ley y que se desarrollen más trámites, para que, de esta manera, se apueste por el consenso, y por un parto educativo donde toda la comunidad educativa tenga "capacidad y voz".
Por su parte, el secretario general de FeUSO, Juan José Bazán, ha lamentado que ninguna de sus propuestas y reivindicaciones, las cuales han calificado de "sencillas", no han sido tenidas en cuenta, por lo que ha asegurado que se sienten "muy ninguneados" por parte de la ministra de Educación, Isabel Celaá.