La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha instado este jueves a la alcaldesa, Milagros Tolón, a solicitar ya la consideración de la ciudad como zona catastrófica para que el Gobierno de España declare a Toledo como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, ya que los daños y pérdidas causadas por el temporal 'Filomena' son "inmensas" y esa declaración supondría "una financiación a cargo del Estado para sufragar el coste de los mismos para la Administración local, así como para particulares y empresas".

De no hacerlo el Gobierno municipal, el Grupo Popular llevará una moción al siguiente pleno para que el mismo sea quien se lo reclame al Gobierno de España, ha avanzado, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Así lo ha expuesto este jueves Alonso durante una visita que ha realizado a la zona más afectada por la nevada del Polígono Industrial de Toledo. "La zona del Polígono Industrial ha sufrido los efectos de la nevada de forma dramática, pero no es la única, ya que a lo largo de la ciudad hay destrozos y pérdidas incalculables", ha expuesto Alonso, señalando, entre ellas, el Hospital Virgen de la Salud y varios colegios.

Es por ello que Alonso ha apremiado a Milagros Tolón ha solicitar ya esa declaración "sin esperar un minuto más, tal y como están haciendo otras localidades".

"Una semana después de que comenzara la crisis, es momento de que el Ayuntamiento actúe en este sentido después de no hacerlo para evitar graves daños, ni para coordinarse con otras administraciones, ni para conseguir que otras administraciones nos trajeran más medios", ha defendido.

Para Alonso "es imprescindible" que Tolón proceda ya a formalizar esta solicitud, "tal y como ya ha pedido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, para todos los municipios afectados por el temporal, e incluso parece contar con beneplácito del presidente de la Junta".

Y es que, según ha explicado, en Toledo se cumplen, ya desde hace una semana, de forma sobrada los requisitos que recoge la Ley de Protección Civil que lo regula y, dice, deben haberse "producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".

Por ello, ha dicho, es fundamental que sea el Ayuntamiento el que lo reclame pues "ya hemos visto la escasa ayuda que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez a zonas que han sufrido el temporal, como ha ocurrido en Toledo, demostrando dejación de funciones, e incluso hemos sabido que no tiene intención de conceder a Madrid este carácter de zona catastrófica".

"Este temporal no puede ser el hundimiento definitivo de Toledo", ha advertido Alonso, recordando que la ciudad lleva meses soportando una crisis económica y de empleo que la nevada ha agravado.

Tal y como ha señalado, "muchas empresas no han podido abrir sus negocios en una semana, otras han tenido destrozos que les impedirán hacerlo en días o semanas y por tanto han tenido que despedir trabajadores, y las que todavía estaban esquivando la crisis del COVID, como las del sector industrial, ahora también se van a lastradas por los daños del temporal, y algunas de las que ya estaban muy perjudicadas, como las del sector servicios, han vuelto a recibir otro golpe".

En este sentido ha subrayado que la declaración de zona catastrófica supone ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios y una compensación al Ayuntamiento por gastos derivados de actuaciones inaplazables y daños en infraestructuras públicas.

Asimismo, ha indicado Alonso, permite una serie de beneficios fiscales en determinados casos como la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, la exoneración del pago de las cuotas a la Seguridad Social y la exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos.