Más de sesenta familiares han firmado una carta dirigidaal presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la que piden que se rebajen las restricciones en las residencias de mayores de Toledo capital. Acusan a la administración de estar atentando contra los derechos de los residentes.
En la carta, a la que ha tenido acceso ELDIGITAL CLM, los familiares se expresan en términos muy correctos pero también muy duros. Dicen que "este viernes nos hemos levantado con la noticia de que Toledo vuelve a entrar en fase 3 y, entre las medidas que se establecen, se encuentra el cierre de las residencias de mayores, que no pueden recibir visitas y vuelven al encierro al que han estado castigados durante más de un año, en los últimos meses sin ninguna justificación sanitaria que avale esta cruel decisión".
Recuerdan al presidente y al consejero, que los mayores "han recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus hace unos meses, que es un colectivo que incluso ha superado la enfermedad, en muchos casos cuando permanecían confinados en sus habitaciones, sin contacto con sus familiares, mientras la Junta campaba a sus anchas pisoteando sus derechos bajo la excusa de que `debían protegerlos´. No solo no lo hicieron, sino que nuestra Comunidad, por desgracia, está en los primeros puestos en España por muertes en residencias durante esta pandemia".
Argumentan igualmente que los propios geriatras "se oponen a esta práctica a la que nos tiene acostumbrada la administración de Castilla-La Mancha, ya que solo contribuye a que se acelere el deterioro cognitivo de los mayores. A usted, señor presidente, y a usted, señor consejero, parece que la salud emocional les importa bien poco. En este punto, también sería de desear que nos informaran del comité científico que ha determinado ese perpetuo encierro. Si es que existe".
Recuerdan los numerosos firmantes, a los que se siguen sumando otros familiares, que la presión de los hosteleros "ha provocado un cambio en las medidas en el nivel 3, con la apertura del interior de los locales en el porcentaje que su gobierno ha estimado oportuno. Exigimos un cambio de medidas también en las residencias. No es de recibo que centros sin covid se hayan convertido en las nuevas cárceles del siglo XXI para nuestros mayores, mientras el resto de los ciudadanos podemos viajar, ir a un bar o reunirnos con quien nos parezca oportuno".
En la carta acusan a Page y a Fernández Sanz deestar perpetrando "un atentado contra los derechos fundamentales de los residentes, que esperemos que detengan los tribunales".
Finalmente consideran que los mayores "no merecen el desprecio que han sufrido por parte de su gobierno. Y los familiares, a quienes desde su gobierno han hecho caso omiso, no nos rendiremos ante abusos que rozan el maltrato institucional hacia un colectivo que están obligados a defender. Tenemos esperanza de que el fin del estado de alarma suponga también el punto final a esta política inhumana con el colectivo más vulnerable y al que más le debemos en nuestra región".