El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha criticado el nuevo contrato de mantenimiento, limpieza, conserjería de los colegios públicos y dependencias municipales debido a que consideran que "perpetúa la desigualdad laboral entre hombre y mujeres, no subroga a toda la plantilla actual que trabaja en el servicio y deja usar glifosato en los patios de los centros de enseñanza".

Así lo ha explicado en rueda de prensa telemática el portavoz de Izquierda Unida-Podemos de Toledo, Txema Fernández, indicando que se trata de una "privatización" de un servicio público que va a costar a los toledanos y las toledanas 25 millones de euros en cinco años, según ha informado la formación de izquierdas en nota de prensa.

Fernández ha señalado que, sumado al nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, el Ayuntamiento de Toledo va a entregar a dos empresas un total de 125 millones de euros en ocho años sin hacer un diagnóstico de dichos servicios.

Sobre la desigualdad laboral entre hombre y mujeres, ha concretado que de las 147 personas que prestan el servicio en la actualidad, tal y como aparece reflejado en el anexo 5 del contrato, hay 115 mujeres y 32 hombres.

"Queremos llamar la atención a que de esos 32 hombres hay 11 que cobran un complemento personal que aumenta su salario con respecto a otra plantilla que no lo cobra. En contraposición, sólo 5 de 115 mujeres cobran ese complemento personal en sus nóminas", ha asegurado.

Subrogación

Por otro lado, ha advertido que "muchos trabajadores y trabajadoras" se van a quedar fuera de la subrogación debido a que el pliego se licita sobre un total de 110 personas para la plantilla (actualmente son 147), tal y como dice el Anexo 4 del pliego técnico.

"Un pliego elaborado por el Ayuntamiento de Toledo no puede ser una excusa para seguir fomentando un suelo pegajoso para las trabajadoras del contrato que siguen siendo mujeres en la categoría de limpiadoras y tienen claras diferencias de acceso a puestos que no lo sean, ni puede ser tan ambiguo en la subrogación del personal", ha lamentado Fernández.

Glifosato en los colegios

De otro lado, se ha opuesto "rotundamente" al uso de herbicidas cancerígenos (glifosato) en las zonas verdes de los patios de los centros de enseñanzas de primaria e infantil.

En el artículo 13 de Consideraciones medioambientales, en el apartado 6, según ha apuntado Fernández, se especifica qué productos y cómo debe actuar la empresa adjudicataria en estos aspectos.

En concreto, ha aseverado que en ese epígrafe 6 dice que cuando su uso sea "imprescindible" se "procederá" a su uso con el equipamiento adecuado.

"Nos oponemos rotundamente al uso de este herbicida en las zonas verdes de los patios de los colegios que luego usan los chicos y chicas y que pueden usarse métodos alternativos, como la eliminación de esas hierbas de forma mecánica o manual. Reconocer que es cancerígeno a la vez que permitir su uso, es de una enorme irresponsabilidad", ha manifestado.

Fiscalización a cargo de una “empresa amiga”

De esta manera, ha señalado que el Gobierno local se desentiende de este servicio público privatizado cuando encarga a la empresa adjudicataria a que elija tres empresas para que una sea seleccionada y con 50.000 euros se encargue de fiscalizar la limpieza y consejerías de edificios públicos.

"Es decir, será probablemente una empresa amiga de la adjudicataria y por un importe de 50.000 euros, la encargada de fiscalizar si los trabajos extraordinarios que se requieren son necesarios o están justificados. Además, será empresa la encargada de analizar el cumplimiento del contrato. No será una empresa que cobra 50.000 euros al año la que diga que las cosas no se están haciendo bien, o que no es necesario hacer un trabajo extra que el Ayuntamiento pagará", ha asentado.

Para finalizar el análisis de dicho contrato, ha hecho dos apreciaciones. La primera, ha indicado que la formación de izquierdas va a seguir apostando por la gestión directa de los servicios públicos y, la segunda, ha considerado que la competente para gestionar la limpieza y conserjerías de los colegios es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. "Cuando Page era alcalde de Toledo reclamaba al Gobierno regional que se hiciera cargo de dicho servicio", ha apostillado.

Trasvase y ayudas

Sobre las nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, ha asegurado que no garantizan ni el fin del trasvase, ni el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos, ya que mantendrán a trasvases obligatorios.

"No es de recibo que se mantenga un trasvase que garantice el agua de cualquier manera al levante, aunque sea para seguir regando los beneficios del oligopolio hortofrutícola y no las necesidades de abastecimiento de los municipios ribereños de nuestra región que verán nuevamente cortes de suministro en sus casas", ha criticado.

Finalmente, ha informado de que la Junta de Gobierno local va a resolver de forma provisional la convocatoria de ayudas a familias en riesgo de vulnerabilidad social y económica para gastos relativos a suministros y mantenimiento de la vivienda propuesta por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos y ya aprobada en los presupuestos.

"Nos alegramos de que estas ayudas, propuesta de este grupo municipal, se vayan ejecutando desde la premisa de entender que la vivienda es una de las cargas más importantes para la economía de las familias", ha concluido.