La ocupación ilegal es en estos momentos un problema que afecta de manera directa a muchos municipios y ciudades de Castilla-La Mancha. La burbuja inmobiliaria ha dejado en muchos puntos de la región, sobre todo de la provincia de Toledo y Guadalajara, cientos de inmuebles vacíos que son un blanco fácil para la 'okupación'.

Uno de los municipios que sufre este problema de una manera muy concreta es Escalona, en la provincia de Toledo. Al contrario de lo que puede ocurrir en lugares de La Sagra o el Corredor del Henares, en esta localidad de la ribera del Alberche existe una okupación más estacional y en ocasiones, casi de 'fin de semana'.

"Aquí hay muchas casas vacías en urbanizaciones que en su día pudieron ser ideadas como una segunda residencia porque tenemos un enclave privilegiado y que ahora están en manos de okupas que vienen en época de vacaciones", explica el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Toledo Álvaro Gutiérrez. 

El primer edil escalonero subraya que esta situación provoca en ocasiones "problemas de convivencia" generados por los que "pegan una patada en la puerta, se meten en una casa e incluso utilizan esa vivienda para traficar con droga". "No son familias que tienen un problema puntual y necesitan acceder a una vivienda. Son auténticos delincuentes a los que tenemos que echar", sostiene de manera contundente.

Pero desde los ayuntamientos no tienen fácil para plantar cara a este tipo de situaciones. Gutiérrez lamenta que en el caso de Escalona "la práctica totalidad de las viviendas vacías son propiedad de entidades financieras, inmobiliarias o fondos buitre que se desentienden y les da igual que la casa esté ocupada o no". 

De ahí que abogue por un cambio legislativo que por una parte "permita a los ayuntamiento poder ejercer la iniciativa y denunciar ante casos de ocupación ilegal" y por otro "endurezca las penas por usurpación que ahora mismo está considerada como delito leve y no conlleva detención ni el ejercicio medidas contundentes".

Precisamente estos son dos de los puntos que recoge la iniciativa legislativa aprobada en la Cortes de Castilla-La Mancha en diciembre de 2020 y que el Gobierno regional pretende llevar al Congreso de los Diputados a través de Moncloa y que para Gutiérrez es "la solución a este problema".

Sin embargo, la falta de entendimiento de Sánchez y sus socios de Podemos matienen la situación en punto muerto. A ellos, al "ala de Podemos" del Gobierno lanza Gutiérrez un mensaje: "La ocupación ilegal es un problema que afecta a barrios obreros. En Escalona, los vecinos que tienen que sufrir ruidos, mal comportamiento o que los de al lado se metan en una casa y pinchen la luz y el agua son gente humilde".  

Ordenanza 'anti-okupación'

Dentro de las "limitaciones", el Ayuntamiento de Escalona ha aprobado una Ordenanza 'anti-okupación' para intentar paliar el problema. Una de las medidas que recoge esta norma es la obligación de tapiar o colocar puertas 'anti-okupas' en los inmuebles que se encuentran vacíos. Sin embargo, el primer edil explica que vuelven a encontrarse con un muro porque "o bien la entidad bancaria o la inmobiliaria hace caso omiso o en otras situaciones incluso tenemos verdaderos problemas para ponernos en contacto con ellos porque en este tiempo han cambiado de manos de manera sucesiva".

Otras herramienta que ponen en manos de los vecinos es un gabinete jurídico costeado por el ayuntamiento al que pueden recurrir los que sufran una ocupación ilegal en su propiedad. "Hoy mismo hemos tenido conocimiento de una sentencia favorable a un vecino que se acogió al asesoramiento jurídico puesto en disposición por el ayuntamiento", añade.

En definitiva, dos tiritas para solucionar un problema que necesita la sutura de un amplio abanico de reformas legales.