Decisión radical del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha tapiado el garaje y los trasteros de la promoción de viviendas públicas más problemática de Toledo: los apodados 'Pisos Negros' del barrio de Santa María de Benquerencia, conocido popularmente como el Polígono.
Tal y como ha explicado este miércoles el consejero de Fomento castellano-manchego, Nacho Hernando, el Ejecutivo regional ha dispuesto la clausura de dichos espacios "para que no pueda haber ni la más mínima tentación de que se realicen actividades criminales en esos lugares".
Una "drástica medida" que llega después de que la convicencia de estas 148 viviendas promovidas en régimen de alquiler y gestionadas por la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) en la calle Río Yedra de Toledo se haya viciado hasta el extremo a lo largo de los últimos años, cuando la compraventa de drogas al menudeo, las okupaciones, los enganches ilegales y las peleas se han convertido en algo tristemente habitual.
De hecho, La Tribuna de Toledo ha informado de que este mismo martes más de una docena de agentes de unidades de élite de la Guardia Civil procedieron a la detención de dos vecinos en el marco de una operación antidroga. Y el mismo periódico local publicaba semanas atrás que la Policía Nacional sospecha que el asesino del joven Lorenzo, que recibió un machetazo mortal en el cuello durante un atraco sufrido en el barrio el pasado 31 de octubre, pudo salir del garaje de los 'Pisos Negros'.
Hernando, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, ha recordado que hasta 30 de las 148 viviendas fueron okupadas durante el confinamiento decretado durante la primavera de 2020 a consecuencia de la pandemia de coronavirus, algo que ya ha sido denunciado judicialmente por el Gobierno regional. Y, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, una buena parte de los vecinos que residen legalmente en el edificio acumulan impagos bien por no poder hacer frente a la cuota de alquiler asignada o por considerar que el lamentable estado del inmueble les exime de dicha responsabilidad.
Pese a ello, el consejero ha manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende recuperar las 148 viviendas -una modernista promoción estrenada en 2012 y destinada a familias con ingresos bajos-, un objetivo en el que ya lleva invertidos 400.000 euros que se han destinado a arreglar "las cosas que rompen" y a blindar las tomas de luz y de agua, que han sufrido constantes enganches ilegales.
Solicitud de ayuda
Sin embargo, Hernando ha reconocido que para arreglar lo que está sucediendo en esta promoción, que ha calificado como "dura de roer", se necesita ayuda "de los vecinos, de la Policía y de la Guardia Civil, del sistema judicial y ayuda de otras instituciones", asegurando que el Ejecutivo castellano-manchego no dudará en hacer valer "todo el poder de la ley para que haya justicia".
Así, el consejero ha instado a los residentes a mantener una actitud colaborativa porque en caso de "cortar todo tipo de comunicación" se tendrán que tomar medidas mucho más serias, sin concretar cuáles.