El Gobierno de Emiliano García-Page acaba de obtener un importante éxito en su contundente lucha contra la “okupación ilegal” en Castilla-La Mancha, un objetivo abiertamente declarado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, a raíz de los crecientes problemas que se están produciendo en numerosos municipios de la región y que provocan gran inquietud entre los ciudadanos más afectados.
Uno de los puntos más conflictivos de la ocupación ilegal en la comunidad castellano-manchega se sitúa en los denominados “pisos negros” de Toledo, una promoción propiedad de Gicaman, la empresa pública regional de la vivienda, que consta de 148 viviendas en el barrio del Polígono y que, como ha informado repetidamente EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, se ha convertido en una zona especialmente conflictiva en la región. Las acciones legales de carácter penal y civil emprendidas por el Gobierno castellano-manchego han dado sus frutos y acaba de producirse la primera sentencia de desalojo penal en esta promoción toledana, tal como publica este jueves La Tribuna de Toledo y han confirmado a nuestro periódico fuentes del Ejecutivo autonómico.
Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha
Según la información conocida este jueves, la sentencia tiene carácter firme y ha permitido la “desokupación” de un primer piso en la promoción de las 148, lo que ha supuesto la entrada de Gicaman en el inmueble tras el precipitado abandono por parte de sus ocupantes ilegales, que incluso se dejaron un radiador encendido. La orden judicial ha permitido a un agente de Gicaman, acompañado por las autoridades pertinentes, ejecutar el desalojo y dar un primer paso hacia la normalización de la convivencia en esta zona tan conflictiva del barrio del Polígono. La llegada de okupas de la periferia de Madrid a raíz del inicio de la pandemia del covid provocó un vuelco en unas viviendas que desde entonces no han dejado de generar conflictos.
Preocupación máxima por las mafias okupas
La preocupación por la expansión de las mafias okupas en Castilla-La Mancha no es nueva y se remonta, al menos, al inicio de la pandemia, aunque en los últimos meses sí se han producido episodios críticos, especialmente en los "pisos negros" de Toledo, que han despertado mayor inquietud ciudadana. Localidades de la región como Horche, en la provincia de Guadalajara, Puertollano, en Ciudad Real, y puntos del Corredor del Henares y la Sagra toledana, han sido actualidad por problemas de convivencia debido a la "okupación ilegal" en la comunidad castellano-manchega. De hecho, el Gobierno de Page ha insistido repetidamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que resuelva este gravísimo problema y no andar con paños calientes. También el PSOE, el PP y Ciudadanos se han mostrado dispuestos a apoyar duras medidas contra estas mafias tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes castellano-manchegas. Un problema urgente que no admite demoras.
Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM que, después de este desalojo, se esperan resolver otras 30 ocupaciones ilegales en esta misma promoción, ya que todas ellas fueron denunciadas por la Junta de Comunidades y los desalojos se irán produciendo progresivamente. Se estima que ya hay una veintena de sentencias condenatorias. El Ejecutivo autonómico tiene claro que no piensa permitir esta importante lacra social y que luchará contra ella con todas las herramientas legales que tenga a su alcance, de manera que este primer éxito se espera que sea el inicio de una larga cadena de actuaciones en este mismo sentido. Cabe recordar, al respecto, que la propia portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, mostró en su día la preocupación institucional por la llegada a la región de “mafias okupas” que provocaban conflictos en distintos puntos de Castilla-La Mancha.
Okupas en la localidad castellano-manchega de Horche. Foto: El Español
Una zona muy conflictiva
En el caso de los “pisos negros” de Toledo, y tal como ha informado nuestro periódico en distintas ocasiones, la ruptura de la convivencia se produjo por problemas habituales de tráfico de drogas, peleas, amenazas a los vecinos, enganches ilegales, prostitución, acumulación de impagos e incluso la muerte un joven en un parque del entorno. El Gobierno castellano-manchego lleva dos años planteando acciones contundentes contra la ocupación ilegal en toda la región y confía en que el problema termina apaciguándose de una manera muy significativa. La situación límite en Toledo llegó en las últimas semanas cuando el Ejecutivo regional tomó la drástica decisión de tapiar garajes y trasteros para evitar la actividad criminal en la zona.
A principios del mes de marzo una docena de agentes de élite de la Guardia Civil procedieron a la detención de dos vecinos en el marco de una operación antidroga, mientras también la Policía Nacional sospechaba que el asesino del joven Lorenzo, que recibió un machetazo mortal en el cuello durante un atraco sufrido en el barrio el pasado 31 de octubre, pudo salir del garaje de los “pisos negros”. Este crimen está todavía en investigación por parte de la Policía Nacional. El objetivo de la Junta de Comunidades es recuperar estas 148 viviendas, una modernista promoción de 2012, y recuperar la normalidad del barrio.