La protectora de animales El Refugio ha solicitado prisión provisional para el empresario de Humanes (Madrid) acusado de torturar animales para vender su sangre, cuyos cadáveres eran incinerados en un crematorio de Yuncos (Toledo).

Por ahora, se ha acordado como medidas cautelares la clausura temporal de los locales donde se realizaba la actividad delictiva, así cómo la suspensión de actividades sociales y ha ordenado la prohibición de la tenencia y ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales.

La instrucción contra Luis Miguel V. F. se sigue en un Juzgado de Fuenlabrada a raíz de una querella de la Fiscalía de Área de Móstoles contra el dueño de una mercantil que comercializaba presuntamente con la sangre de animales que tenía a su cargo. Además, se ha solicitado por parte de la protectora la intervención de sus ilícitos ingresos.

Ante la Guardia Civil, el empresario se negó a declarar y en las próximas semanas será llamado a declarar en el marco del procedimiento judicial, según han detallado a Europa Press fuentes jurídicas.

Prácticas crueles

Según el fiscal, el empresario supuestamente sometía a los animales "a prácticas dolorosas y crueles" para extraerles gran parte o la totalidad de su volumen sanguíneo "sin lograr reponerlo adecuadamente hasta causarles la muerte".

El objeto de estas macabras prácticas era la venta ilegal del plasma de los animales cruelmente sacrificados, que llegaban a clínicas veterinarias de toda España, así como a otros países de la Unión Europea.

En el operativo policial, se detuvo al empresario Luis Miguel V. F. como presunto máximo responsable de la trama, así como el encargado de las instalaciones intervenidas. También fueron rescatados 240 animales, en su mayoría galgos, que se encontraban en malas condiciones.

La causa consta de cinco tomos y han intervenido la Fiscalía de Medio Ambiente, la Guardia Civil, y los Juzgados de Instrucción número 5 y 6 de Fuenlabrada, donde El Refugio está personado como acusación particular.

Clausura de locales

El juez de Instrucción número 5 de Fuenlabrada ha acordado recientemente las citadas medidas cautelares y tiene previsto tomar declaración al empresario.

El Refugio está personada como acusación particular en la causa abierta y ha solicitado su prisión provisional, así como el comiso de sus bienes y los ingresos de la actividad.

El investigado es presidente de la Asociación de Hematología y Homeopatía Animal, organismo encargado de certificar a sus bancos de sangre y laboratorios hematológicos asociados. Ostenta el cargo de administrador único de una empresa que comercializa plasma (el Centro de Transfusiones Veterinarias S.L.).

Mala praxis

La investigación de la Fiscalía comenzó a raíz de un atestado remitido por el Área de Investigación del Puesto de Arroyomolinos por un presunto delito de maltrato animal con ocasión de la mala praxis que se estaría llevando a cabo en una explotación sita en Humanes por parte del querellado.

Durante dicha investigación se pudo confirmar que L.M.V.F. figuraba como administrador único de la mercantil Centro de Transfusiones Veterinario S.L. y como presidente de la Asociación de Hematología y Homeopatía Animal encargada entre otras cosas de la certificación de los laboratorios de hematología y de los bancos de sangre de los asociados.

El Centro de Transfusiones Veterinario S.L. fue inaugurado en 2006 con el objeto de producir concentrados de hematíes y plasma que hasta entonces solo se podía hacer en el Banco de Sangre, pero limitado a la posibilidad de hacerlo con sangre entera y bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

El centro comenzó a funcionar en septiembre de 2013 y la demanda fue en aumento hasta ofertar sus servicios de hemoterapia a toda España y otros países europeos como Italia, Bélgica, Francia y Portugal. A su vez, el propietario publicitaba la sociedad en una web que ubicaba su sede en Madrid como un referente en la comercialización de sangre animal.

Actividad clandestina

Sobre esta cuestión la querella advierte de que no consta registro, ni autorizaciones, ni licencias a nombre dicha mercantil por lo que durante años desempeñó su actividad "en la más absoluta clandestinidad".

Para obtener la sangre de los animales y después comercializarla, el querellado disponía de unas instalaciones en Humanes donde alberga numerosos animales, fundamentalmente perros y gato.

Sobre todo tenía galgos jóvenes, al ser una raza donante universal, a los que sometía de forma reiterada mediante el uso de métodos prohibidos "a prácticas dolorosas y crueles".

En concreto, les extraía gran parte o todo el volumen sanguíneo del animal "sin lograr reponerlo adecuadamente hasta causarle la muerte con una punción perforante hacia la región de proyección del corazón".

Este tipo de prácticas ocasionaban a los animales, según se afirma en la querella, "un sufrimiento y padecimiento innecesarios", ya que en la práctica supone aplicar eutanasias "sin ningún motivo enmarcado en la legislación vigente".

Crematorio en Toledo

El único propósito de este tipo de actividades era la "completa" extracción de sangre a los animales que era trasladada en neveras portátiles hasta el local donde se encuentra el laboratorio y, una vez allí, se preparaba la sangre extraída para su posterior venta, comercialización y distribución en las distintas clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid. Los cadáveres de los animales eran incinerados en un crematorio de Yuncos (Toledo).

La Fiscalía sostiene que entre los meses de abril y mayo de 2022 contabilizó 60 animales que, después de las necropsias y periciales practicadas, se llegó a la conclusión de que su muerte no se produjo por un proceso biológico natural de enfermedad, "sino al ser exanguinados".

Se trataba de 27 perros, 29 gatos, 3 conejos y 1 hurón. En cuanto al beneficio económico que se pudiera haber obtenido con la comercialización de la sangre de los animales, la Fiscalía estima que el valor aproximado que alcanzaría en el mercado sería de unos 80 euros por 400 miligramos de sangre de perro y 85 euros por 40 miligramos de sangre de gato.

Respecto a los fármacos eutanásicos, la Fiscalía advierte de que sólo pueden ser dispensados en farmacias y agrupaciones ganaderas previamente autorizadas y supervisadas por sus farmacias proveedoras, y adquiridos por veterinarios que lo pidan.