Los delegados del sindicato UGT de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) han reclamado este jueves a la Administración Penitenciaria que no les "discrimine y maltrate" y que dé solución a las "graves carencias" de la prisión de Ocaña I (Toledo).
En un comunicado, Acaip ha criticado que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, inaugurará este martes la panadería industrial en el centro penitenciario Ocaña I, cuyo acondicionamiento y equipamiento ha costado más de 266.200 euros, pero siguen sin arreglarse los problemas de siempre.
En este sentido, ha afeado que los dirigentes penitenciarios "no tienen reparos en gastar miles y miles de euros" en este local pero "son incapaces de invertir en medios humanos, materiales y de infraestructuras" para garantizar la seguridad e integridad física tanto de los trabajadores penitenciarios como de la población reclusa.
Conocimiento de la problemática
Según Acaip, Ortiz "conoce sobradamente" la problemática de la prisión de Ocaña I porque le fueron trasladadas las demandas en otra visita que realizó en diciembre de 2020, así como en numerosos escritos que le han sido remitidos por parte de esta sección sindical.
A este respecto, Acaip ha especificado que, entre los asuntos que todavía están sin solución, Ocaña I sigue siendo la prisión provincial, con lo cual tiene internos sin clasificar que implican un "riesgo adicional" porque se desconoce la conducta y peligrosidad de los mismos.
Graves incidentes
De igual moo, ha apuntado que le siguen trasladando internos con un perfil de peligrosidad alto o protagonistas de alteraciones de la vida regimental y de la seguridad de los centros, lo que conlleva poner en peligro a los trabajadores y al resto de internos.
De hecho, Acaip ha asegurado que el protagonista de unos "graves incidentes" que se produjeron en septiembre de 2022, con la agresión a dos mandos del centro, ha vuelto a ingresar en la prisión y la Administración Penitenciaria "no es capaz de trasladarle a otro centro que cuente con mayores medidas de seguridad".
Además, ha añadido que faltan medios humanos, materiales y estructurales para preservar la seguridad del centro -hay un déficit del 10 por ciento de efectivos-, que no se da formación a los empleados, que la clasificación como centro de categoría 2.1 supone unos 400 euros brutos menos que lo que cobran otros compañeros del territorio nacional por realizar el mismo trabajo, y que no cuentan ni con una cafetería o un local adecuado para la comida de los trabajadores, a pesar de hacer turnos de 14 horas seguidas.