La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo y vecinos del bloque de viviendas de la calle Yedra 8, es decir, de los conocidos como 'Pisos Negros' del barrio del Polígono, han presentado un escrito dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En él, demandan a la Junta un proceso negociador para establecer un programa de alquiler en relación con los ingresos de cada unidad habitacional del inmueble, que vaya aparejado de una gestión integral de la urbanización, la intervención socio-comunitaria permanente y pública, la participación de los vecinos con sus propuestas y la adjudicación de los pisos vacíos.
Según Europa Press, tanto la Plataforma como los vecinos reconocen en la carta que se han mantenido reuniones con representantes vecinales, con Gicaman y con responsables de la Consejería de Fomento, pero han lamentado que no hayan tenido "ningún resultado efectivo". "No se han entrado en ningún proceso negociador que convierta a la promoción en un lugar digno para vivir y no en un lugar abandonado tanto física como convivencialmente".
En otro sentido, expresan que, si Gicaman se ha gastado 569.013,64 euros en actuaciones de mantenimiento, reparaciones y rehabilitaciones, "no se ha notado nada, ya que siguen los garajes y los trasteros cerrados sin que hayan dado una fecha de apertura, los espacios comunes llenos de desperfectos y suciedad, los cuadros de luz enganchados o cerrados con chapas para que no se pueda leer el contador o los pisos vacíos con familias que entraron con una patada en la puerta".
Asimismo, critican que las acciones judiciales, civiles y penales han tenido poco efecto porque "están todos los pisos vacíos habitados por familias no adjudicatarias". Afirman que no ha habido intervención sociocomunitaria permanente y pública, habiendo solo intervención intermitente de tres ONG.
Piden que al menos se incremente una trabajadora social y una educadora social pública y permanente para los vecinos de las viviendas en régimen especial del barrio. Y también, que se escalonen los pagos del alquiler mensual, incluida la comunidad y el IBI, debido al poder adquisitivo de las familias.
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Respuesta de la Junta
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido al escrito afirmando que lleva emprendiendo desde 2020 acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de ocupación ilegal en el grupo de viviendas. "Ya hay fecha para 14 lanzamientos en este grupo de viviendas fijados en abril y mayo".
Asimismo, han llevado a cabo reuniones y se han realizado distintas actuaciones en estrecha colaboración vecinal, que se traducen en reuniones periódicas mantenidas con representantes vecinales y con Gicaman como titular, así como con responsables de Vivienda de la Consejería de Fomento; actuaciones de mantenimiento, reparaciones y rehabilitaciones de la promoción de viviendas, que han supuesto una inversión total de 569.000 euros e intervención social comunitaria.
Por último, la Junta expresa que se han realizado entrevistas individualizadas con las personas adjudicatarias legales para acordar un plan de pagos que supone la reducción de la renta del alquiler a un 50 %, con la condición de que se asuman recibos no abonados y atrasados, teniendo en cuenta los ingresos de las unidades familiares.