La Asociación Manuel Azaña, entidad de carácter histórico-cultural con sede nacional en Talavera de la Reina, ha enviado formalmente al Ministerio de Defensa una propuesta oficial con dos peticiones que se acogen a la Ley de Memoria Democrática: por un lado, exhumar los restos de los alrededor de 200 "franquistas" enterrados en la cripta del Alcázar de Toledo, entre ellos el general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, y por otro, la retirada del conjunto escultórico de Juan de Ávalos conocido como el "Ángel del Alcázar" y situado en un recinto exterior junto al propio Alcázar toledano.
Así lo ha explicado, en declaraciones a El Español El Digital CLM, el presidente de la Asociación Manuel Azaña, el toledano Isabelo Herreros, quien considera que tanto la situación de la cripta como la escultura suponen un "homenaje permanente" al golpe de estado de 1936 y una "celebración" de la victoria de los sublevados y, por tanto, debe actuarse sobre ellos con el objetivo de respetar la Ley de Memoria Democrática y reacondicionar ambos espacios para usos públicos. Es decir, desacralizar la cripta y acabar con el "simbología" del Ángel del Alcázar.
La presentación de esta propuesta, realizada hace pocos meses, ha sido replanteada este lunes, el mismo día de la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, a petición de su familia y en aplicación de la nueva Ley de Memoria. El cuerpo de Primo de Rivera fue el único, junto al de Francisco Franco, enterrado en una tumba individual en el Valle, y ahora la citada Asociación insiste en sus planteamientos.
Construido sobre una "fosa común"
El escrito remitido por esta asociación al Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido respuesta del Ministerio de Defensa mediante acuse de recibo y se ha remitido a la Comisión de la Memoria Democrática que, hasta el momento, no ha tomado decisión alguna al respecto y tampoco parece que la vaya a tomar pronto. Isabelo Herreros cree que la situación no puede demorarse más, entre otras razones, porque así lo exige la ley.
En el caso de la escultura de Juan Ávalos, el escultor del Valle de los Caídos, se trata de un conjunto inaugurado por Franco en 1961 junto al Alcázar de Toledo. Según explica Isabelo Herreros, está construido sobre una "fosa común" de milicianos muertos y arrojados al cráter producido por la explosión de unas galerías subterráneas construidas por el bando republicano junto al Alcázar. "Este conjunto, conocido también como el Ángel de la Victoria, debe dejar de ser un homenaje a los sublevados y debe ser retirado de Toledo", exige el presidente de la Asociación Manuel Azaña.
La escultura, declarada Bien de Interés Cultural, fue restaurada y estabilizada por el Museo del Ejército de Toledo en el año 2021 y actualmente ocupa un espacio muy visible y destacado junto al Alcázar de la capital de Castilla-La Mancha. Su nombre oficial es "Gesta del Alcázar" y es una figura femenina, en forma de Victoria, que sujeta una espada, sobre un suelo en el que se conforma el águila de San Juan.
Exhumaciones en la Cripta
En cuanto a la cripta del Alcázar, Isabelo Herreros plantea en su escrito a Defensa que, de acuerdo con las familias, el Estado debe exhumar los restos de los alrededor de 200 "franquistas" allí enterrados, Moscardó y Milans del Bosch entre ellos, evitando con ello no sólo la "ocupación" de un espacio público que "debe devolverse al Museo del Ejército" sino, además, el "constante peregrinaje" de personas que rinden homenaje a la sublevación y lo celebran "como una fiesta", siempre en opinión del presidente de la Asociación Manuel Azaña y en clara referencia a la Hermandad Santa María del Alcázar.
Herreros explica que el último entierro en esta cripta tuvo lugar en 2018 y el último homenaje en septiembre de 2022, algo a su juicio "intolerable" en un Estado democrático. "Estos restos se los tienen que llevar del Alcázar de acuerdo con las familias y crear en la cripta una nueva sala del Museo del Ejército", afirma el presidente de esta asociación, quien espera una respuesta del Gobierno a sus demandas.
Como se sabe, Moscardó y Milans del Bosch están enterrados en la cripta junto a otros militares y civiles que junto a ellos defendieron el Alcázar durante el asedio que se llevó a cabo del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936, un espacio que es únicamente visitable por sus familiares con autorización previa.
La nueva Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el pasado mes de octubre, prevé el traslado de restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 que ocupen un lugar "preeminente de acceso público distinto a un cementerio", con el fin de evitar actos de enaltecimiento. Bajo la misma premisa, el pasado 3 de noviembre fueron exhumados los restos mortales del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y de su esposa Genoveva Martí de la basílica de la Macarena de Sevilla.
Declaraciones de García-Page
Al hilo de la exhumación de Primo de Rivera, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido la "discreción" y el "consenso" entre el Gobierno central y la familia del fundador de Falange para su exhumación del Valle de los Caídos y que sus restos sean reubicados en el cementerio de San Isidro, en Madrid.
En una entrevista en la Cadena Cope este lunes, García-Page ha considerado que el tono con el que se lleva a cabo esta exhumación, es "destacable y positivo", porque evita el uso político "descarado" de este hecho por parte del Gobierno y el "sufrimiento innecesario" por la parte de la familia de Primo de Rivera.