El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde, en la reunión del Consejo de Gobierno, a la construcción de 124 viviendas protegidas en régimen de alquiler en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, conocido popularmente como el Polígono, dentro del 'Plan 10.000' que planea la construcción de 10.000 viviendas a precio asequible en zonas de la región con el mercado inmobiliario especialmente tensionado.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, quien en su comparecencia semanal ha explicado que estas primeras 124 viviendas estarán "destinadas a familias trabajadoras y personas jóvenes que aun teniendo ingresos estables tienen también serias dificultades para acceder a una vivienda porque este barrio en concreto es, en este momento, una zona tensionada" por la "expansión en la cual hay mayor demanda de vivienda y eso ha hecho que los precios vayan al alza".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, esta primera promoción del 'Plan 10.000' estará lista antes de junio de 2026 en una parcela en la calle Río Fresnedoso 15, ubicada entre la piscina cubierta del barrio y el colegio de educación especial 'Ciudad de Toledo'.

Blanca Fernández ha asegurado que el precio tasado de alquiler será de 6,36 euros el metro cuadrado, por lo que una vivienda tipo de 80 metros cuadrados podría ser arrendada por unos 500 euros mensuales.

A la hora de optar a estas viviendas, la administración indica que los ingresos de la unidad familiar de la persona que pretenda alquilar tendrán que ser como máximo cinco veces superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Licitación

La parcela, que es propiedad de la empresa pública Gicaman, tendrá una subvención directa del Gobierno regional de 6,1 millones de euros que provienen de los Fondos Next Generation para que se puedan licitar las obras y comience la construcción por parte de las empresas privadas, que también se encargarán de la explotación del alquiler. 

Igualmente, desde la Junta recalcan que en ningún caso se trata de viviendas sociales ni dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, ya que para estos casos el Gobierno regional cuenta con otros instrumentos como el parque público de viviendas y las ayudas del Plan de Vivienda.