La tramitación urbanística para construir unas 250 viviendas en el entorno de Grúas Mendoza, en el barrio de Santa Bárbara de Toledo, no está siendo un camino de rosas pese a que los terrenos están ubicados al final de paseo que lleva el nombre de esta apreciada flor.

El Plan de Ordenación Municipal de 2007 incluía este desarrollo en una unidad denominada UA-10. Tras la anulación del POM por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la actuación fue incluida en la Modificación Puntual número 29 del actual Plan General de 1986, que no llegó a salir adelante al no lograr que fuera aprobada por el Gobierno regional. Así que ahora el Ayuntamiento de Toledo lo vuelve a intentar promoviendo una nueva Modificación Puntual, que será la número 33.

La justificación municipal de la UA 100 este de Santa Bárbara se cimenta en "la fuerte demanda de suelo urbano residencial que tiene el municipio". El nuevo ámbito contará con un total de 43.410 metros cuadrados de superficie al incorporar 28.592 metros cuadrados de suelo clasificado actualmente como urbano industrial, cuyo uso se extinguirá con la modificación, y otros 14.818 metros cuadrados de suelo no urbanizable de protección. Tras la modificación, el nuevo uso predominante será el residencial plurifamiliar, lo que servirá para completar la fachada urbana del barrio de Santa Bárbara con edificios de seis plantas más ático.

La altura de las edificaciones se ha fijado teniendo en cuenta que la cota del terreno está a más de 6 metros por debajo del paseo de la Rosa, lo que a nivel visual parece que se estén situadas dos plantas por debajo.

Además, esta actuación urbanística complementa al desarrollo colindante denominado UA-100 oeste, cuya tramitación está más avanzada. De hecho, la Comisión de Urbanismo del pasado mes de abril aprobó las bases de este nuevo PAU, que incluye también viviendas plurifamiliares, así como una zona comercial. Ambas actuaciones, la este y la oeste, compartirán el viario de acceso desde de la última rotonda de Santa Bárbara y un nuevo colector de saneamiento.

Espacios libres y zonas verdes

Los terrenos incluidos en este ámbito incorporarán también usos compatibles con el residencial como el terciario y el de equipamiento, que, a efectos de cálculo, acapararán el 30 % de la edificabilidad de la unidad. Asimismo, el desarrollo contará con 5.380 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes, una superficie que supera la ratio establecida legalmente. Las áreas ajardinadas se ubican en la zona norte de esta actuación urbanística, entre la infraestructura ferroviaria y las nuevas edificaciones con el objetivo de generar una pantalla verde que dulcifique la imagen de acceso a la ciudad y que conectará con la nueva senda verde que conecta con Azucaica.

Además, el promotor tendrá que acondicionar una franja verde de 19.000 metros cuadrados situados al sur de la zona de actuación y respetar la vía pecuaria que conecta con la vía verde por la que discurrirá el carril bici que unirá Santa Bárbara con el Polígono de forma paralela a la TO-23.

Viviendas de protección pública

La memoria de la modificación puntual, redactada por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo también recoge, en aplicación de la normativa urbanística, que el 30 % de la edificabilidad residencial que corresponde a este ámbito de actuación estará reservado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Por lo que se refiere al aparcamiento, el futuro desarrollo deberá contar con 214 plazas públicas, de las que seis deben ser reservadas para personas como movilidad reducida. Además, se deben prever plazas privadas en el interior de las parcelas como mínimo en el mismo número que las públicas.

Por último, el promotor deberá ceder al Ayuntamiento el suelo urbanizado para materializar el 10 % del aprovechamiento lucrativo. Según los cálculos, al Consistorio le corresponderían 5.587,95 unidades de aprovechamiento. Su valor asciende a 1,53 millones de euros.

No sería el único ingreso para el Ayuntamiento de Toledo, que también recibirían 911.932 euros cuando se liquide el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). A esto habría que añadir otros 156.100 euros anuales en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).