Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, después de que el Ayuntamiento de Toledo haya aprobado una partida presupuestaria de 28.000 euros para dotar de armas táser a los agentes de la Policía Local que patrullen de noche, ha pedido por carta al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, la elaboración de "protocolos públicos de uso de este tipo de armas" y "garantizar que los agentes policiales que vayan a utilizarlas estén debidamente formados en el uso y en los riesgos que tienen, así como en las precauciones que deben tomarse para evitarlos".

Asimismo, solicitan el "establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas tanto a nivel interno (como la elaboración periódica de informes públicos sobre los incidentes en las que hayan sido utilizadas) como a nivel externo" y "acompañar la introducción de este armamento con medidas menos lesivas para abordar las situaciones y así evitar lo máximo posible recurrir al táser, de tal manera que sea un último recurso".

"En el caso concreto de personas que sufren una crisis de salud mental, esto implica incorporar otras formas de respuesta tales como protocolos de intervención en caso de crisis y la implicación del personal médico con formación", explican desde la ONG.

Pueden causar "incluso la muerte"

Aunque Amnistía Internacional asegura no oponerse a que este tipo de armas de electrochoque "puedan formar parte de los equipos de algunos cuerpos policiales", reconoce "algunas preocupaciones con relación a su uso y el respeto a los derechos humanos". Estos dispositivos pueden "causar graves daños o incluso la muerte", afirman, por lo que piden "prohibiciones claras sobre las situaciones en las que no pueden utilizarse".

"El uso de armas táser debe restringirse a aquellas situaciones de amenaza para la vida o de lesiones graves para el agente o terceras personas; riesgo que no pueda contenerse por medios menos extremos y como último recurso, evitando los medios más letales, como las armas de fuego", añaden desde Amnistía Internacional, que prosigue: "No pueden utilizarse estas armas de proyectiles paralizantes" en presencia de productos inflamables, cuando la persona ha sido sometida a sustancias químicas irritantes o si sólo ofrece resistencia pasiva o ya está bajo control.

Igualmente, señalan que "en ningún caso como debe usarse como medio de castigo" y que "también tiene que establecerse la prohibición de disparar a determinadas zonas del cuerpo: la cabeza, el cuello, la médula espinal, la zona inguinal o cerca del corazón". "El modo de uso drive-stun o modo aturdimiento, que consiste en aplicar la pistola directamente sobre la piel del sujeto, debe estar prohibido debido al riesgo inaceptable de tortura y malos tratos que conlleva, ya que inflige un dolor extremo", recuerdan desde Amnistía Internacional.

Petición de información

En su carta al alcalde de Toledo, fechada el pasado 31 de mayo y todavía sin respuesta, Amnistía Internacional pidió a Carlos Velázquez la confirmación del número de armas táser adquiridas, la marca y el modelo de las mismas; qué unidades policiales que van a tener este tipo de armamento como equipamiento; el contenido de la formación previa sobre su uso a los agentes, duración de dicha formación y quién la proporciona; si existen o se están elaborando protocolos de uso y si son públicos, y qué mecanismos se han previsto para evaluar el uso de este tipo de armas y para garantizar una correcta rendición de cuentas tras su uso.

Anteriormente, Amnistía Internacional se ha dirigido a los Gobiernos municipales de Guadalajara, Albacete, Ciudad Real, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Seseña, Talavera de la Reina y Fuensalida (Toledo), para solicitar información similar sobre las armas táser adquiridas para sus policías locales.