El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Toledo ha estimado la demanda interpuesta por el propietario de una finca, miembro de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC). Un terreno situado parcialmente dentro de este espacio natural en la que se oponía a la segregación de una parte de su coto situado dentro del espacio protegido.
La sentencia ha declarado la nulidad de la segregación y ha impuesto las costas a la Administración demandada, reconociendo así el derecho del propietario a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos.
La Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible dictó una resolución, con fecha del 12 de enero 2021, acordando segregar 1.214 hectáreas de una finca situada parcialmente dentro del Parque Nacional de Cabañeros. El propietario se opuso a la segregación, ya que esta implicaba que la zona segregada dejara de ser un coto "sin que la Administración cumpliese los requisitos legalmente exigidos para ello".
El juzgado ha considerado que la Administración castellanomanchega debería haber iniciado, con carácter previo a la segregación, un acuerdo voluntario y después en caso de no existir un procedimiento de expropiación.
Dicho procedimiento se llevó a cabo y se utilizó una facultad distinta e inició un expediente de segregación para conseguir el mismo fin, "orillando así la utilización del instrumento de la expropiación forzosa y las garantías patrimoniales y jurídicas a él inherentes".
"La Administración pretendía modificar un coto, reduciendo notablemente su superficie, lo que implica un perjuicio para su titular, y lo hace sin hacer mención a la obligación de indemnizar, lo que implica que estamos ante una expropiación por un procedimiento ajeno a la misma", ha explicado Jorge Bernad Danzberger.
"Abandono de Cabañeros"
Según la asociación, "este nuevo varapalo se suma a la creciente preocupación por la situación de abandono que sufre el Parque Nacional de Cabañeros".
Por ello, han recordado que en noviembre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) solicitó a la Comisión Europea que investigue posibles incumplimientos de las Directivas Hábitats y Aves en la administración de Cabañeros.