Duro varapalo de los tribunales a la exconcejala toledana Olvido Hormigos

La exconcejala toledana Olvido Hormigos ha sufrido un duro revés en los tribunales frente a Alessandro Lequio por lo que contó en su día sobre la supuesta relación íntima que ambos mantuvieron. Tanto ella como la revista Lecturas han sido condenadas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al semanario y a la exconcejala de Los Yébenes a pagar 30.000 euros por intromisión ilegítima en la intimidad de los demandantes, es decir, deMaría Palaciosy su marido,Alessandro Lequio.

La sentencia, que ha sido publicada por Informalia, es demoledora para la ex concejala, porque reconoce las tesis presentadas por la defensa de Alessandro Lequio y su mujer,y considera que tanto Olvido Hormigos como la publicación que difundió el supuestoaffairecometieron una clara intromisión ilegítima contra la intimidad no solo del italiano sino contra su esposa, María Palacios.

El texto de la sentencia dice que los magistrados han tenido "en cuenta la especial circunstancia en que se produjo la entrevista a Hormigos, cuandolos demandantes se encontraban esperando el nacimiento de su hija".Y añade que "María Palacios no puede verse privada de este derecho (intimidad) por ser esposa del Sr. Lequio, o por trabajar para la revistaHola,o por haber dado reportajes anteriores acerca de su matrimonio o embarazo".

Cree el tribunal que las "manifestaciones y el contexto delreportaje sobrepasan el derecho de información, y han de entenderse como una intromisión ilegítima en la intimidadpersonal de los demandantes, máxime cuando la entrevista se acompaña además de con titulares sensacionalistas y morbosos, como se recoge en la sentencia apelada, con un ejemplar de la novela erótica de la Sra. Hormigos, con el sugerente títuloEl abrazo infiel,cuando toda la entrevista se refiere a la infidelidad de la Sra. Hormigos y el Sr. Lequio".

La sentencia aún no es firme, ya que pueden plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la desestimación de dicho recurso supondría la imposición de las costas procesales, teniendo que pagar más dinero a los demandantes.