Los dos acusados que este martes han prestado declaración en el juicio por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches ocurrido en agosto de 2016, que son dos ex altos cargos de la Junta de Comunidades entre 2005 y 2011, han mostrado contradicciones sobre la autorización medioambiental integrada de la planta incendiada y que permitió que estuviera en funcionamiento años antes del siniestro, pese a detectarse diversas irregularidades.
Así lo han puesto de manifiesto los dos acusados, el director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, M.C.Y., y el director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, C.J.B.O., en sus declaraciones en la segunda jornada del juicio por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches en 2016.
En concreto para M.C.Y el Ministerio Fiscal solicita penas de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 28 meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de catorce meses de prisión, por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.
Para C.J.B.O, la Fiscalía solicita las penas de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, tres años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 28 meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de catorce meses de prisión, por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.
Ambos altos cargos han manifestado que confiaban en sus técnicos a la hora de tramitar y firmar resoluciones sobre las autorizaciones de la planta afectada que, según el Fiscal, incumplía diversa legislación además de presentar diversas irregularidades detectadas en su momento y que éstos requirieron subsanar en su momento.
Ambos han incidido en que la estructura administrativa era la encargada de los informes así como los técnicos de las correspondientes inspecciones, pero que ellos no tenían en su labor ir al detalle de estos trabajos y que se dedicaban a asuntos de mayor relevancia.
Los acusados que este martes han declarado han discrepado sobre la autorización ambiental integrada de la planta afectada, y mientras que M.C.Y ha dicho que no era algo definitivo y resolutorio, C.J.B.O. ha opinado lo contrario, lo que permitía a la planta seguir en actividad en los años que ellos ocupaban sendos cargos.
El interrogatorio se ha alargado durante más de cinco horas centrándose en tramitaciones, informes, actas y resoluciones técnicas de sendas áreas de las que ambos eran responsables.
Ambos han señalado en varios momentos que no tenían competencia en gestión de residuos peligrosos.
Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2016 pero la causa, muy compleja por sus diversas vertientes e implicados, ha tenido un largo proceso de investigación que conlleva un macrojuicio con cerca de 120 testigos y 21 acusados que se prolongará durante tres meses.
La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para un total de 21 acusados -18 personas y 3 empresas- según señala en su escrito de más de 90 páginas, y entre los acusados están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en los momentos de los hechos.
El escrito señala que, tras la investigación, se determina que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.