El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha sido condenado por no pautar el tratamiento necesario que requería una menor de 15 años con anorexia nerviosa, cuya familia tuvo que gastarse "todos los ahorros" en la sanidad privada al tratarse de un caso "de urgencia vital".

Según la sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Guadalajara, que ha hecho pública la asociación 'El Defensor del Paciente', el SESCAM deberá abonar a la familia los gastos del tratamiento médico privado más los intereses, lo que asciende a un total de 46.262 euros. 

Fue en octubre de 2018 cuando la chica comenzó con problemas y fue diagnosticada de anorexia nerviosa en el Hospital Universitario de Guadalajara. Debido al "agravamiento del cuadro", el Servicio de Psicología indicó que necesitaba la "atención específica de una Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria", un servicio del que no disponía dicho hospital. 

Por este motivo, los padres solicitaron la derivación de la menor al Hospital Niño Jesús de Madrid o al de Ciudad Real, donde sí existía esta unidad. Sin embargo, la respuesta fue "que no había convenio con el primero y que no había hospitalización de día en el segundo".

Unos meses después, en septiembre de 2019, los padres tuvieron que acudir a un hospital privado, donde la adolescente tuvo que iniciar un tratamiento mediante hospitalización de día y, posteriormente, ingreso de 24 horas, teniendo que abonar la familia "más de 44.272 euros". 

"Mucho se está hablando de la salud mental y la importancia de esta. Sin embargo, en el caso de la menor S.O., el Hospital Universitario de Guadalajara no puso los medios de tratamiento necesarios a pesar de la gravedad de la situación, alegando que no había recursos para el tratamiento", ha indicado el 'El Defensor del Paciente', cuya abogada Carmen Fernández-Bravo ha defendido los intereses de la familia durante el procedimiento judicial. 

"Había verbalizado el suicidio"

La sentencia reconoce que "los padres solo recibieron respuestas negativas por parte de la sanidad pública en orden curar o mejorar en lo posible el estado de salud de su hija, viéndose obligados ante la urgencia vital a acudir a la sanidad privada".

Según consta en dicha sentencia, la menor "había verbalizado el suicidio, le pasaba por la cabeza la idea de matarse, mantenía conductas restrictivas alimentarias, distorsión de la imagen corporal y baja autoestima, no podía controlar sus impulsos, tenía crisis de ansiedad y crisis de angustia e incluso amenazaba con cortarse las venas si tenía que comer, presentando esta sintomatología un riesgo vital muy grave".

El documento recoge la "lucha de los padres", antes de acudir a la sanidad privada, para que el SESCAM actuase y prestara a la menor la correspondiente asistencia médica, "cosa que no hizo". "Informando al mismo de la gravedad de la situación, la respuesta fue que no había recursos en Guadalajara ni en otros hospitales para el tratamiento".

Tal y como ha informado 'El Defensor del Paciente', la familia lleva invertidos "más de 50.000 euros" y tiene iniciados "diversos procedimientos" ante los Juzgados de lo Social, ya que "la Administración sigue discutiendo los conceptos de reintegras a pesar del derecho reconocido en sentencia firme".

"No solo ha tardado en abonar esta cantidad casi seis meses, sino que desde el año 2019, cuando se iniciaron las reclamaciones, ha ido desestimando y recurriendo, retrasando el abono de las cantidades, lo que resultado un perjuicio para la familia al tener que adelantar los posteriores tratamientos de la niña", ha señalado.