La investigación determinó que cinco de los doce jóvenes hospedados ese fin de semana en una casa rural fueron los autores imprudentes del incendio cuando, nada más abandonar el alojamiento, arrojaron una traca de petardos a un lado del camino desde su vehículo en marcha, sin tener en consideración las altas temperaturas, las fuertes rachas de viento o la orografía del terreno, con el consiguiente riesgo que se produjese un incendio, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.
'La Atalaya' es un paraje natural protegido que está encuadrado en las zonas de riesgo del plan de control y extinción de incendios que establece para esta zona un riesgo alto del 1 al 30 de junio (mes de transición) y riesgo extremo en los meses de julio y agosto.
Las prohibiciones para los usuarios o campistas se prolongan hasta el 30 de septiembre de 2021, y como tal se reflejaba en el contrato de arrendamiento de la casa rural, en el que específicamente se prohibía a los hospedados la utilización de artefactos pirotécnicos, fuera de las zonas acotadas, entre el 1 de junio y 30 de septiembre.
De acuerdo con las declaraciones testificales tomadas por la Policía Nacional, el incendio fue sofocado inicialmente por un vecino de la zona sin resultado, ya que se reactivó momentos después propagándose a gran velocidad en la dirección opuesta a la zona de viviendas.
Fue el mismo vecino quien contactó con los servicios de emergencia, desplazándose hasta el lugar varias dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local y Bomberos de Ciudad Real, así como el servicio de extinción de incendios del INFOCAM.
Daños y costes
En las diligencias practicadas, la Policía Nacional solicitó a la Delegación de Sostenibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Ciudad Real un informe de valoración de daños en la zona forestal que inicialmente asciende a 20.000 euros. Igualmente, el INFOCAM emitió un informe de costes de extinción del incendio de aproximadamente 17.000 euros.
Los detenidos fueron puestos en libertad tras se oídos en declaración, entendiendo de la causa el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Ciudad Real. El delito de incendio forestal está regulado en el Código Penal con penas de multa o incluso prisión de uno a cinco años y se agrava especialmente cuando afecta a zonas próximas a núcleos de población, lugares habitados o si hubiera existido peligro para la vida o integridad física de las personas.
En caso de incendio se recomienda la comunicación al servicio de emergencias 112 y sólo intervenir en caso de pequeños focos que puedan batirse con agua, tierra o alguna rama; en caso contrario deberá observarse la dirección del viento y buscar una vía de escape a una zona segura, sin correr y siempre manteniendo la calma.