Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete, ha logrado desarticular en Hellín (Albacete) una banda criminal dedicada a la explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Seis personas han sido detenidas por estos hechos y cuatro más han sido investigadas, aunque no se descartan nuevos arrestos.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de junio, cuando se tuvo constancia de que un hombre acudía regularmente a horas intempestivas a un bar céntrico de la localidad albaceteña en el que citaba a ciudadanos extranjeros procedentes de diferentes provincias. Allí seleccionaba a los que le interesaban y formaba distintas cuadrillas.

A continuación, miembros de la misma organización llevaban a estas personas a diversas fincas agrícolas para realizar su trabajo. Cuando los empresarios abonaban a las cuadrillas las horas trabajadas, el individuo que les había citado en el bar retiraba a cada uno de los empleados una cantidad abusiva de dinero, con la cual se lucraba la organización delictiva.

Según han informado la Policía Nacional y la Guardia Civil, la organización imponía a los explotados unas duras condiciones laborales, alcanzando en algunas ocasiones las doce horas diarias de trabajo y sin posibilidad de descanso semanal.

También les cobraban comisiones abusivas por la gestión del contrato de trabajo, los desplazamientos hasta los lugares de trabajo o el alquiler de equipo necesario para realizar la actividad laboral. Estos cobros hacían que el salario de los trabajadores se viese muy reducido, yendo a parar la mayor parte del mismo a manos de la organización criminal.

Además de las ganancias generadas por la explotación laboral, obtenían cuantiosos ingresos procedentes del alquiler de inmuebles en la localidad de Hellín, que posteriormente realquilaban a los trabajadores extranjeros en situación irregular, a los que imponían pésimas condiciones de habitabilidad.

Tras facilitarles domicilio y lograr su empadronamiento, la organización formalizaba contratos de trabajo falsos y altas fraudulentas en la seguridad social, iniciando así un procedimiento para lograr su regularización por arraigo, trámite por el que los extranjeros pagaban entre siete y ocho mil euros en efectivo.

Con esta actividad delictiva, la organización favorecía la inmigración ilegal, generando un efecto llamada para otros ciudadanos que pudieran encontrarse en la misma situación.

Registros en Hellín, Sedaví y Cieza

En la fase final de esta operación conjunta, se realizaron tres registros: en la localidad albaceteña de Hellín, en la valenciana de Sedaví y en la murciana de Cieza. En ellos se intervinieron varios teléfonos móviles, material informático, contratos falsos y otra documentación que acreditaba la actividad delictiva, así como pruebas de la existencia de una contabilidad clandestina paralela, 7.275 euros en efectivo, diversos cheques nominativos y dos vehículos de alta gama.