La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Bomvoyage', ha detenido a 13 personas e investigado a otras seis pertenecientes a una organización criminal internacional que practicaba amaños en procedimientos de contratación de personas extranjeras para explotarlas laboralmente en Hellín (Albacete).

Así lo ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que ha comparecido en rueda de prensa junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo, para informar de estos hechos. 

Con la desarticulación de esta organización criminal, la Benemérita ha constatado el presunto cobro de comisiones ilícitas a migrantes-trabajadores de Senegal y Marruecos y su posterior explotación laboral en una empresa agrícola de la localidad albaceteña, además de otras actividades que daban cobertura tanto a la explotación como a diversos fraudes en subvenciones y a seguros agrarios.

Tolón ha explicado que la trama se valía de una aplicación irregular de la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO). Se trata de un sistema de autorización de residencia y trabajo de carácter temporal que se concede a ciudadanos extranjeros que no residan en España para actividades de temporada, con una duración máxima de nueve meses. El empresario asume todos los gastos de transporte, alojamiento, manutención y asistencia sanitaria, y por ello puede optar a diferentes ayudas o subvenciones del Estado.

"La organización se servía de esta herramienta para prometer vivienda, trabajo y regularización administrativa de las personas que captaban", ha señalado la delegada del Gobierno, que ha lamentado que la banda "se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad, del desconocimiento del idioma y de las ilusiones de estas personas" que vinieron a España "engañadas en busca de una vida mejor" y una vez aquí "eran tratadas sin ningún tipo de humanidad y obligadas a trabajar y a alojarse en condiciones deplorables".

Trabajaban por 200 euros al mes

El coronel de la Guardia Civil ha explicado que los investigadores detectaron indicios de posibles irregularidades en la gestión del GECCO de una empresa agrícola y "las primeras indagaciones dieron como resultado la posibilidad de que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estuviera amañado y que los seleccionados hubiesen pagado entre 4.000 y 6.000 euros".

Una vez en España, si la persona no quería cumplir el contrato o no regresar a su país, se convertía en inmigrante irregular y la organización le ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios, e incluso la regularización administrativa, cobrando entre 4.000 y 12.000 euros en un proceso que" se aprovecha de la legalidad para introducir personas de forma ilícita", habiéndose detectado más de 300 posibles casos en los últimos tres años.

Para aquellos que sí querían trabajar, "comenzaba la explotación laboral y vital", puesto que la organización aprovechaba su extrema situación de vulnerabilidad para "obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina", quedando el salario en apenas 200 euros mensuales. Asimismo, "les obligaban a firmar documentos desconociendo completamente su contenido e incluso a contratar servicios bancarios o de telefonía para así ellos obtener comisiones".

Por otra parte, la organización "también hacía negocio con los alojamientos de estos contingentes", alquilando instalaciones hoteleras o grandes fincas con alta capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios de cara a obtener mayores subvenciones públicas.

La organización criminal tenía un marcado carácter multidelincuencial y contaba con una amplia estructura con funciones diferenciadas, contando con asesoramiento jurídico, captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, mientras los cabecillas también ejercían de "facilitadores" en tales países a través de una intachable reputación ante las autoridades públicas.

Vivían en condiciones insalubres

En la primera fase de esta operación policial se han realizado tres registros en la localidad de Hellín (Albacete) y otro en Alhama de Murcia (Murcia), donde se ha incautado abundante documentación, material informático y tecnológico, así como productos financieros entre los que destacan el bloqueo de 15 cuentas bancarias.

En una segunda fase de la operación, la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete realizaron una inspección conjunta tanto en la empresa como en los alojamientos, la cual puso de manifiesto evidentes indicios de una gravísima explotación laboral y de conculcación de todos los derechos básicos de cualquier trabajador.

Durante la inspección y en las entrevistas mantenidas con los inmigrantes, se pudieron constatar los cobros indebidos, el aislamiento y las pésimas e incluso insalubres condiciones de vida en los alojamientos, que alcanzaba hasta la falta de alimentos.

Tras ser informada la Subdelegación del Gobierno en Albacete de tal situación, esta articuló un procedimiento de urgencia para satisfacer sus necesidades básicas en el que llegó a participar la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas para la promoción de la migración que colabora con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En las ulteriores fases de la operación, se investigaron contratos y expedientes de arraigo a inmigrantes irregulares en diferentes provincias en colaboración con la Subdelegación del Gobierno de Albacete. De igual manera y de la mano de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se investigan contratos fraudulentos a personas en situación irregular en España.

Por otra parte, ha sido de vital importancia la colaboración de la Subdelegación del Gobierno y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete. Así mismo, también se ha contado con intermediadores culturales de sindicatos de trabajadores de la provincia de Albacete, como es el caso, entre otros, de UGT.

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la localidad de Hellín, que ha centralizado las actuaciones.