La organización WWF ha hecho público los resultados de un trabajo de investigación desarrollado en el último año, que cifra en al menos 51.465 el número de hectáreas de cultivo que se riegan con agua extraída ilegalmente del Acuífero 23, que sustenta el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Los datos que ha obtenido WWF "son alarmantes, especialmente en el acuífero que alimenta a Las Tablas de Daimiel, que es el caso más dramático" donde se riega con agua extraída ilegalmente el equivalente a más de 62.300 campos de fútbol.
WWF ha recordado que para extraer agua subterránea es necesario solicitar una concesión administrativa que da derecho a sacar una cantidad de agua para un determinado fin, pero lo que sucede realmente en este acuífero es que, "sistemáticamente y con total impunidad, se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua".
Así, los datos obtenidos para el acuífero 23 hacen "saltar todas las alarmas ante una imagen cada vez más frecuente y desoladora del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, seco y mantenido en la UVI con aguas bombeadas artificialmente para minimizar los impactos y aparentar normalidad, todo ello mientras el nivel del agua subterránea bajo ellas se sitúa casi por debajo de los 20 metros de profundidad".
El robo del agua
La clave para entender lo que califican como "el robo del agua" está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos. En algunos casos tampoco está claro cuánto se ha extraído por encima de los recursos disponibles.
La continua expansión de la agricultura industrial y de los cultivos en regadío, promovidos con ayudas públicas, alimentan esta situación ya que, en sus trámites y autorizaciones para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), la administración agraria responsable no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida.
De este modo, la propia administración del agua ha alimentado tradicionalmente esta sobreexplotación concediendo derechos de uso de agua muy por encima de las capacidades según los Planes Hidrológicos, a causa del descontrol en el uso del agua subterránea y la debilidad de la Ley.
Y esto es lo que ha sucedido en Las Tablas de Daimiel, donde la administración pública se ha saltado su propio límite, establecido en el Régimen Anual de Extracciones, que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72 % más de agua del volumen permitido, ha criticado WWF.
Además, el descenso del agua en el Acuífero 23 supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano.
La extracción ilegal del agua genera también una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y están comprometidos con la gestión sostenible de este recurso, frente los que lo hacen sin autorización y sin reparo alguno.
Más casos
Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF, ha señalado que, junto a las Tablas de Daimiel, existen otros casos muy significativos y similares como son los de Doñana, Mar Menor y acuíferos de Los Arenales.
"Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado que supone el uso ilegal del agua subterránea en España", ha recalcado Seiz, quien ha afirmado que "el robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones".
Ante esta situación, WWF pide a las autoridades "una acción contundente para mejorar el control de las aguas subterráneas, modificando la Ley de Aguas, ampliando las plantillas y también los recursos de las autoridades del agua".
Igualmente, ante la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, reclama finalizar el procedimiento del cierre de todas las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad, y reducir la superficie de regadío. Por último, la organización reclama que el futuro Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) aborde el problema de la extracción ilegal del agua para el regadío.