De los 507 millones de euros de patrimonio que acumulaba Alicia Koplowitz en su sicav Morinvest a finales de junio; a los 3,23 millones de Macri Inversiones, la sicav de Pedro Almodóvar. De los 13,86 millones de Peñafiel de Inversiones, la sociedad de inversión de Chicho Ibáñez Serrador, o los 10,6 millones que atesora Ana Rosa Quintana en Argomaniz; a los 1.078 millones que suman los patrimonios de las ocho sicav de la familia Del Pino. Fortunas enormes y más pequeñas, fruto de años de hacer negocio con la obra pública o del éxito en la gran pantalla, si algo hermana a las sociedades de inversión colectiva de estos y otros muchos nombres conocidos y no tan conocidos en este país es que, a simple vista, sólo con observar los informes que presentan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es fácil mantener que han usado la ley para hacer la trampa.
Dice la norma que las sicav deben tener al menos 100 accionistas y un capital invertido de 2,4 millones de euros. A cambio de fomentar el ahorro nacional (y colectivo), fundamental en un país que ha conocido del modo más duro durante la crisis lo que pasa cuando se depende del ahorro exterior, a las sicav se les permite tributar al 1% por el Impuesto de Sociedades, en lugar del tipo que esté en vigor en cada momento (ahora del 28%).
Las cifras de la investigación de Nicolás Pérez, una radiografía de todas y cada una de las sicav que hay en España, muestran una práctica extendida que tiene nombres y apellidos.
El ejemplo de los Del Pino
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Esta posibilidad despertó pronto el instinto de las grandes fortunas, algunas de las cuales han replicado una y otra vez el esquema por el que logran tener su fortuna gestionada a un coste fiscal muy reducido. La familia Del Pino, que generó su fortuna al calor de Ferrovial, es un claro ejemplo. Cuenta con ocho sicav. Seis de ellas tenían al cierre del primer semestre de este año 110 accionistas, otras dos tenían 112. En cuatro de ellas, la sociedad aclara en sus informes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que "existe un accionista significativo con un volumen de inversión que supone el 99,99% del patrimonio". Los 109 o 111 restantes se reparten el otro 0,01%. Se les podría llamar testaferros pero como al fin y al cabo no hacen más que acompañar, les han puesto por nombre mariachis.
La revalorización de las sociedades de los Del Pino en los últimos años ha sido notable, siendo la que más ha visto crecer su patrimonio Swift (48%), seguida de Keeper (41,6%), Addition (32,8%), Match Ten (24,7%) y Chart y Allocation, con revalorizaciones superiores al 22%.
Lejos quedaban durante estos ejercicios los tiempos en que la Inspección de Hacienda intentó meterles mano. En 2005, Allocation, por ejemplo, comunicaba a la CNMV la siguiente información:
“En cumplimiento de la normativa vigente, se pone en conocimiento de los señores accionistas y del público en general que con fecha 14 de julio de 2005, Allocation SICAV, S.A. ha firmado en disconformidad el acta de la Inspección de Hacienda del Estado derivada de la comprobación de su régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999. La regularización propuesta por la Inspección consiste en la aplicación del tipo general del impuesto de sociedades (35% en aquel momento) en lugar del tipo especial del 1% aplicable a las sociedades de inversión mobiliaria admitidas a negociación en la Bolsa de Valores”.
Entre 2004 y 2005, la Inspección de Hacienda levantó centenares de actas a otras tantas sociedades por considerar que no estaban cumpliendo con el espíritu de la norma y debían regularizar los impuestos pagados en ejercicios anteriores. El cambio de la norma que quitó el control de las sicav a la CNMV y la decisión de los tribunales de considerar que era el árbitro de los mercados quien debía dilucidar si la inversión era correcta han permitido que desde entonces a ahora aquellas y otras muchas sociedades mantengan esta práctica.
La CNMV, erigida como único controlador, ha controlado poco. Se han dado situaciones como cuando Pedro Almodóvar tuvo problemas con su gestora y decidió prescindir de sus servicios. La Comisión dio al director de cine un año de plazo para contratar los servicios de otra gestora y reponer su grupo de mariachis para cumplir con la norma.
Algunos propietarios de grandes fortunas cerraron sus sicav cuando el inicio de la crisis les hizo pensar que habían dejado de ser el vehículo más atractivo. Algunos cambios ya apuntaban a una reducción de sus ventajas, como la obligación desde septiembre de 2010 de tributar por las plusvalías al convertir en líquida la inversión, que hasta esa fecha no era necesario si se optaba por reducir capital.
Uno de los que deshicieron sus sicav fue Amancio Ortega, no así su hija Sandra Ortega Mera, que mantiene su sicav Soandres, con un patrimonio de 419,6 millones a finales del primer semestre de este año, 119 accionistas y el 99,93% del capital en manos de los llamados "accionistas significativos".
Objetivo de la campaña electoral
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Mientras Podemos dice que quiere directamente suprimir las sicav, es a las que están trampeando la norma a las que apunta el programa fiscal de Ciudadanos cuando dice que la de las sicav "es una cuestión que constituye un escándalo permanente en la aplicación de las leyes fiscales. (...) Sociedades que deberían ser siempre instituciones de inversión colectiva (...) y que, sin embargo, muy a menudo, están controladas por una sola persona o familia beneficiándose indebidamente del tipo del 1%".
El tono no es casual. El programa fiscal de Ciudadanos ha sido elaborado por Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, autor del libro ¿Hacienda somos todos? (Debate, 2014) y uno de los más críticos con lo que ha ocurrido en este país en torno a este producto fiscalmente ventajoso.
En su libro, De la Torre recuerda (en un capítulo llamado "Las sicav o la hipocresía") cómo se cerró la inspección de las sicav, "muchas de las cuáles no cumplían el requisito de los 100 partícipes o inversores reales. (...) El resultado no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las sicav a la Inspección de Hacienda y la trasladaron a la CNMV".
En esta línea, el programa de Ciudadanos explica que "en un Estado de Derecho, el control de las normas fiscales corresponde a la Agencia Tributaria y no a instituciones que tienen otras funciones como la CNMV".Por eso plantean "devolver el control de las sicav a la Inspección de Hacienda y promover la apertura de las sicav, de tal forma que cualquier ciudadano pueda invertir en las mismas condiciones que los dueños reales de las sicav".
El PSOE, a pesar de haber protagonizado el cambio de la norma que dejó a la Agencia Tributaria con las manos atadas, ha incluido entre sus propuestas económicas electorales "establecer un mayor control de las sicav estableciendo un porcentaje de participación máximo por cada inversor y dotando legalmente a la Agencia Tributaria de competencias para supervisar e inspeccionar a las sicav".