Una jueza de Segovia ha remitido a los Juzgados de Instrucción de Madrid una querella presentada contra Manuela Carmena y su marido, Eduardo Leira, por el sindicato de funcionarios Manos Limpias en la que se atribuye a la alcaldesa de la capital y a su esposo supuestos delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y de insolvencia punible. La magistrada ha dictado una resolución en la que, tras examinar la querella, afirma la "posible existencia" de esas infracciones penales y considera que la jurisdicción competente para investigarlos es la de los Juzgados de Madrid, a los que se ha inhibido.
La resolución fue dictada el pasado 11 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia, al que fue turnado por reparto la querella redactada por el abogado Pedro Muñoz Lorite.
"Los hechos a que se refieren las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal tipificada como contra la Seguridad Social y contra el derecho de los trabajadores e insolvencia punible", señala el auto.
La jueza añade que "desprendiéndose de lo actuado que los hechos a los que se refieren tuvieron lugar dentro del partido judicial de Madrid y al encontrarse determinado el lugar en que se produjeron los mismos, es procedente (...) inhibirse de su conocimiento en favor del Juzgado competente".
El auto de inhibición no ha sido repartido aún en los Juzgados madrileños, según se ha informado a EL ESPAÑOL, por lo que no se conoce qué órgano judicial examinará la querella de Manos Limpias. La acción penal fue ejercitada ante los Juzgados de Segovia porque aquí "se llevan a cabo los actos de disposición patrimonial de los que emanan las capitulaciones matrimoniales de separación de bienes bajo la que los querellados escudan determinadas irregularidades que podrían conducir indiciariamente a un alzamiento de bienes", señala la querella.
"Fuga encubierta de capital"
Se refiere a la dación en pago a favor de Carmena de una finca que anteriormente era propiedad de su esposo y que a partir de octubre de 2011 pasó a ser del pleno dominio de la actual alcaldesa de Madrid. La querellante considera que con esa operación se articuló una "fuga encubierta del capital y patrimonio perteneciente al señor Leira", cuyo estudio de arquitectura atravesaba una difícil situación económica y acabó declarándose en concurso voluntario.
Los hechos incluidos en la querella coinciden con los que fueron objeto de unas diligencias iniciadas en 2013 en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que acabaron con una resolución de sobreseimiento provisional. A instancias de varios trabajadores perjudicados por la sociedad de Leira, ese Juzgado investigó los hechos desde la perspectiva del alzamiento de bienes. La querella de manos Limpias es más amplia y se refiere a supuestos delitos contra la Seguridad Social y contra los trabajadores.
La querella se refiere a las sentencias firmes de la jurisdicción laboral que han declarado que cuatro empleados de Leira en i3Consultores S.A. "estaban dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, emitiendo facturas por sus servicios (...)y, sin embargo, prestaban sus servicios como arquitectos colaboradores en el centro de trabajo de la empresa, con las herramientas que la empresa disponía, cumpliendo un horario de entrada y salida y bajo las órdenes del responsable de la misma, esto es, del señor Leira".
"Aprovechándose de la situación de crisis predominante en el sector", añade, Leira "hizo firmar a los referidos trabajadores el 1 de enero de 2010 un contrato innegociable en el cual se les reconocía una categoría inferior a la correspondiente a sus titulaciones (técnicos de cálculos) y un sueldo incluso por debajo de aquél que percibían como falsos autónomos. Así estuvieron hasta su salida de la empresa, aunque continuaban realizando funciones de arquitectos".
En agosto de 2010, los trabajadores dejaron de percibir sus salarios, "situación que se prolongó en el tiempo sin que el señor Leira despidiera a los trabajadores o abonara las cantidades pendientes, que siguen vigentes a fecha actual". Precisamente fue en 2010 cuando Carmena y Leira liquidan su sociedad de gananciales, quedándose ella con la vivienda familiar en Madrid y él con el despacho de arquitectura. Éste, no obstante, también acabó siendo vendido.
Los trabajadores emprendieron acciones en la jurisdicción laboral en marzo de 2011 y obtuvieron sentencias favorables en julio de 2011 y febrero de 2012. Ante la inejecución de los fallos judiciales que les reconocieron a su favor cantidades por un importe inicial total de 60.796 euros, el Juzgado de lo Social procedió al despacho de la ejecución por las cantidades e intereses debidos "momento en el que se constató la falta de patrimonio y situación de insolvencia" de la empresa de Leira.
Fragmento del auto de inhibición.
Según la querella, Eduardo Leira "no tenía patrimonio ya que había traspasado todos sus bienes unos meses antes a su mujer, Manuela Carmena", a la que manos Limpias atribuye el papel de "cooperadora necesaria".
"El señor Leira alzó determinados bienes, entre ellos una finca situada en El Espinar, a la señora Carmena, su propia esposa, generando una reducción patrimonial y el consiguiente aumento en el de esta. También se transmitieron las oficinas de la sociedad i3 Consultores, que formaban parte del patrimonio privativo del señor Leire, por debajo de su valor de mercado, y la transmisión de un tercio del valor de la venta a la señora Carmena; hechos que conducen a pensar en un presunto comportamiento dirigido a crear una situación de insolvencia en torno al señor Leira", sostiene la querella.
Según Manos Limpias, "el presunto comportamiento llevado a cabo por la señora Carmena resulta ignominioso, y más aún cuando la misma ha concurrido a unas elecciones locales presentándose como una defensora de los derechos de los trabajadores, cuando presuntamente ha podido colaborar con su marido para facilitar el vaciamiento patrimonial de este" en perjuicio de sus empleados.
La versión de Carmena
La alcaldesa de Madrid ya contestó a estas acusaciones el pasado mayo, cuando trascendió la situación de los trabajadores dejados en la estacada por Leira.
Carmena se apoyó en el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que estableció que no hubo "ocultación o enajenación real o ficticia" de los bienes de Leira sino que se "equilibró la situación económica" de la pareja con la dación en pago de la fina de El Espinar porque Carmena había avalado un crédito solicitado por la empresa de su esposo.
Manuela Carmena manifestó entonces que, a pesar de la dura situación de crisis económica, su marido intentó salvar la empresa y para ello solicitó diversos créditos. "Uno de estos créditos fue avalado por Carmena, tal y como ha sido práctica habitual en miles de familias que se han visto obligadas a hacer frente a deudas de alguno de sus miembros a lo largo de estos duros años".