La Mesa del Congreso, la primera batalla antes de los pactos

El PP y el PSOE han abierto este martes la negociación para la composición de la Mesa del Congreso. Los portavoces de los dos grandes partidos, Rafael Hernando, del PP, y Antonio Hernando, del PSOE, han mantenido una reunión, según informa Efe.

La Mesa del Congreso ha sido tradicionalmente una negociación obligada con una única curiosidad: saber quién sería el presidente o presidenta de la Cámara. Pero estas elecciones son distintas. El cargo de presidente del Congreso es sobre todo simbólico -ordena las comparecencias y dirige los debates-, pero esta vez las charlas pueden insinuar presuntos acuerdos para formar gobierno.

El presidente, para el ganador

El presidente, Mariano Rajoy, ha advertido que la presidencia del Congreso ha recaído siempre en manos del partido más votado y no tenía previsto que eso fuera a cambiar. Es el cargo más importante. El PP habría ofrecido al PSOE tres miembros de la Mesa, según ha publicado El Mundo. En pleno bipartidismo, el partido del Gobierno solía ofrecer cargos a sus socios. En 1993, El PSOE tenía solo 3 miembros por 4 del PP. Los otros dos estaban en manos de CiU y PNV. Tres años después, tras ganar las elecciones, el PP se quedaba con 3, igual que el PSOE. Los otros 3 miembros eran de CiU, PNV e IU.

La Mesa está formada por 9 miembros. Si los dos partidos principales tuvieran 6 miembros, la lógica prevé que Podemos obtuviera 2 y Ciudadanos, 1. Pero si esto fuera así, la mayoría en ese órgano sería de izquierdas. El estado inicial de las negociaciones hace que cualquier cálculo sea especulación. El PSOE se ha reunido también con Alberto Garzón, de IU. Todos los partidos excepto el PP prefieren que la presidencia recaiga en un partido que no sea el PP. La novedad de la legislatura implicaría nuevas reglas. 

Albert Rivera, de Ciudadanos, ha propuesto incluso reformar las reglas que dirigen el funcionamiento de la Mesa, algo que el PSOE también ha anunciado. Ciudadanos de momento ha nombrado a dos personas para las negociaciones: los número 4 por Madrid y Barcelona, Miguel Gutiérrez y José Manuel Villegas, que además es jefe de gabinete de Albert Rivera. Desde Ciudadanos cuentan que no han pasado aún del saludo: “Hemos iniciado contactos para que el resto de partidos identifiquen a los interlocutores. En esa etapa estamos. No nos han llamado todavía”, informan desde el partido.

El interés de los socios de Podemos

Hay sin embargo una formación para la que la composición de la Mesa del Parlamento es clave: Podemos y sus confluencias. Los socios autonómicos acordaron con Pablo Iglesias disponer de grupos propios en el Congreso. Pero la decisión final de si Podemos en Cataluña (En Comú Podem), Valencia (Compromís) y Galicia (En Marea) tienen grupo, depende de la Mesa.

El artículo 23 del Reglamento del Congreso es la clave. Con al menos 5 diputados, es necesario además el 15% de los votos en todas las circunscripciones en las que se hayan presentado o el 5% del total estatal. Sin embargo, las normas especifican que “en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido”. La regla es moldeable y depende en gran medida de la arbitrariedad de la Mesa. En la pasada legislatura, UPyD, con cinco diputados, tuvo grupo propio, pero Amaiur, con siete, tuvo que integrarse en el grupo mixto.

Un grupo propio ofrece un portavoz -y por tanto visibilidad y capacidad de influencia desde la tribuna-, independencia de criterio y subvenciones mejor repartidas. Sin embargo, en Podemos, no están centrados en la Mesa: al contrario que los otros partidos, aún no han decidido quién defenderá sus intereses en la negociación.

A priori, al partido morado y sus confluencias les corresponderían aritméticamente casi dos miembros. Su intención es conseguir esos dos nombramientos aunque, eso sí, las fuentes oficiales insisten en que, como dice Pablo Iglesias, "no es el momento para hablar de sillones, sino de los ciudadanos". De hecho, Podemos insiste en su prioridad: el día del primer pleno, el 13 de enero, presentará una proposición de ley de emergencia social para paliar las dificultades de los más desfavorecidos.