La renaturalización del río Genil divide a Granada. Todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria y se busca el apoyo de Europa a través de los fondos Next Generation, pero difieren las formas. El actual gobierno municipal, del PSOE, ha presentado un proyecto de 4,7 millones de euros que retirar solo parte del lecho de hormigón del río, sin arbolado y con jardines colgantes con riego por goteo.
La oposición y los ecologistas abanderan uno alternativo, consistente en un paseo con árboles, retirar todo el cemento y dejar que la sedimentación haga el resto y la vegetación invada la zona, por solo un millón de euros. Sus objetivos parecen el mismo, peros sus distintos enfoques señalan una vez las tensiones de la “transición verde” de las ciudades.
En 1995, coincidiendo con la celebración del Mundial de Esquí de Sierra Nevada, el río Genil, principal vía de agua que atraviesa Granada capital, discurre en la mayor parte de su tramo urbano por una canaleta de cemento con varias compuertas.
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Fue un intento de acabar con las crecidas del mismo que, como resultado, casi 30 años después, deja un río prácticamente sin vegetación a partir del conocido como Puente Verde, y que apenas discurre natural por el trayecto popularmente conocido como la Ruta del Colesterol.
Crece el desacuerdo
El resultado dejó poco satisfechos a vecinos, gobierno municipal y ecologistas. Los primeros se han estado quejando reiteradamente de los ruidos de las compuertas —al menos una permanece sin uso por esta causa— y los malos olores.
El consistorio nunca pudo habilitar una zona para recorrer en barca, dejando como testimonio un “embarcadero” vacío junto al viejo Puente Romano. Y los ambientalistas llevan décadas intentando deshacer el entuerto.
Hasta en tres ocasiones se ha intentado revertir la ocasión, votándose en el pleno municipal estudiar proyectos presentados por Ecologistas en Acción y gobernando PP, PSOE y hasta Ciudadanos. El primer proyecto, ideado en fecha tan temprana como 1997, era reconvertir el tramo urbano del río en un “parque fluvial” sin compuertas ni canalizaciones, es decir, deshacer lo obrado en 1995.
El pleno aprobó estudiarlo primero en 2002 y luego en 2006, sin éxito. En 2017 Ecologistas en Acción presentó un nuevo proyecto basado en la renaturalización del Manzanares entonces en marcha en Madrid y también se aprobó, de nuevo sin aplicarse.
En febrero de este año ha sido el equipo de gobierno de Francisco Cuenca (PSOE) el que ha resucitado la idea, pero con un proyecto completamente diferente, que se ha presentado a los fondos Next Generation de la Unión Europea.
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El objetivo es “renaturalizar” el principal tramo urbano del río, entre el mencionado puente verde y la entrada de la llamada Acequia Gorda, retirando un tramo central de actual hormigonado de siete metros, de manera que se rebajaría el cemento y se lo dejaría discurrir por su “piel” original. Se crearía así un “pequeño río” dentro del propio Genil en su curso por la ciudad, pero sin retirar toda la plancha de hormigón.
Al mismo tiempo se quiere crear un paseo fluvial sin árboles en el que se incluyan jardines colgantes que se regarían por goteo y un sistema de sensores inteligentes, basado en el sistema de Smart City, para controlar la afluencia de la zona, en un giro digital supuestamente muy en la línea de los Next Generation.
El proyecto concreto ha sido diseñado por los técnicos municipales y de Emasagra, la empresa municipal de gestión del agua que funciona en régimen público-privado, participada por el Ayuntamiento y la firma Hidralia.
Hay antecedentes a favor del apoyo europeo: además de ir en la línea de renaturalizaciones exitosas como la de Madrid —o ciudades tan lejanas como Seúl— recientemente Pontevedra ha recibido la concesión de 2,3 millones de euros para una operación más ambiciosa en el Gafos, unos de sus ríos, que será “destapado”. El mismo correo soterrado por parte de su tramo urbano y el objetivo es “desenterrarlo” y renaturalizar la zona creando un paseo fluvial.
Sin embargo desde Ecologistas en Acción se critica durante el proyecto por considerarlo “innecesario, ya que no renaturaliza nada, deja casi todo el cemento que ya estaba y no añade árboles ni vegetación”, según alega Javier Egea, portavoz de la organización y uno de los promotores del plan alternativo.
Lamentan que “el trama se queda en dos kilómetros, y lo que pedimos es que se actúe en todo el paso del río por la ciudad, hasta el final, retirando el hormigón y permitiendo que haga su trabajo”.
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Sobre todo critican que el gobierno municipal no quiera plantar árboles “con esa idea de jardines con riego por goteo estando junto a un río que es absurda”. “El ayuntamiento”, dice Egea “afirma que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no permite poner árboles, cosa que sabemos que no es cierta. No entendemos muy bien la decisión salvo que sea para mantener los 200.000 euros que cobra anualmente Emasagra por la limpieza del río en la parte hormigonada”.
El Ayuntamiento de Granada, consultado por este diario, no ha querido responder a las críticas de los ambientalistas. En marzo mantuvieron varias reuniones tras las protestas de estos al conocer un primer proyecto, pero luego no constan más contactos.
La oposición se va a las cifras. Antonio Cambril, portavoz de la coalición Unidas Podemos en el consistorio granadino, señala la diferencia entre los 4,7 millones de euros del proyecto para los Next Generation y el apenas un millón aproximado del proyecto alternativo. “Nosotros proponíamos una renaturalización que incluyese todos los ríos de la ciudad y un paseo arbolado que queríamos llamar Anillo Verde. Todo eso no está, pero es que encima lo que se propone hace menos contando cuatro veces más” critica.
En opinión de Cambril “el peligro es que se apruebe y dentro de 10 ó 20 años haya que pedir otra ayuda para deshacerlo”. Señala que en la opción de los ecologistas, simplemente retirando el cemento del principio y el final del tramo hormigonado y picando estratégicamente “la propia sedimentación del río te hace el trabajo y se renaturaliza solo. Es mucho más barato, pero ni se contempla”.
Las cifras del proyecto alternativo surgen de actualizar los 717.000 euros que costaba el presentado en 2017. Los 4,7 millones del oficial, de las cifras ofrecidas por el equipo de Gobierno más el IVA y el 20% de aportación municipal -todos los proyectos NextGen son en cofinanciación- que harían que la parte que pondría la administración superase ligeramente el millón. “Ni siquiera se puede decir que el nuevo le vaya a costar menos al Ayuntamiento, le cuesta lo mismo”, señala. “En general nos parece un despropósito”.
Más allá de la polémica presupuestaria, dos enfoques del uso de la ciudad verde, con suso similares -paseos fluviales, recuperación de la vegetación- pero centrados en una mayor inversión y mantenimiento de las estructuras actuales o en una simplificación con la menor actuación posible y recuperación de los elementos naturales previos. El tiempo -y Bruselas- dirán quién tenía la razón.