El broche final a un año un tanto trágico para los derechos humanos ha sido el cierre de la oenegé rusa Memorial. Con su ilegalización, el Gobierno de Vladímir Putin intentaba borrar, en la última semana de 2021, el oscuro pasado soviético de Rusia.
Pero este intento de frenar las investigaciones de los crímenes cometidos durante la URSS no es más que el último de una retahíla de ataques a los DD.HH. vividos en todo el mundo en los últimos dos años.
La pandemia está siendo una oportunidad perdida para que los líderes mundiales demuestren su capacidad de cooperar y enfrentarse, unidos, a las amenazas del siglo XXI. En vez de eso, como explicaba el director de Amnistía Internacional España (AI), Esteban Beltrán, en conversaciones con este diario, "se está intentando restringir el espacio de una sociedad civil cada vez más activa".
"Extremismo" y "agentes extranjeros"
La Sociedad Internacional Histórica, Educativa, de Derechos Humanos y de Beneficencia, más conocida como Memorial, ha sido, desde 1989 y hasta ahora, una de las organizaciones rusas más reputadas y reconocidas. Sin embargo, como explican desde AI en un comunicado, la fiscalía del país alegó que la ONG había "violado en reiteradas ocasiones la ley sobre 'agentes extranjeros' al negarse a etiquetar su contenido como producido por un 'agente extranjero' y a añadir largos descargos de responsabilidad en ese sentido".
Marie Struthers, directora de AI para Europa Oriental y Asia Central, asegura que, con el cierre de la organización, "las autoridades rusas pisotean la memoria de millones de víctimas del gulag". Borrar Memorial del mapa representaría "un ataque directo a los derechos y a la libertad de expresión y de asociación".
Además, Struthers asegura que se trata de "un ataque flagrante a la sociedad civil que intenta borrar la memoria nacional de la represión del Estado". Y concluye: "La decisión de cerrar Memorial es un grave insulto a las víctimas del gulag ruso y debe revocarse de inmediato".
Eso sí, la clausura de esta organización es sólo el último ejemplo de cómo el Gobierno ruso lucha por acallar las voces divergentes. En junio del pasado año, un tribunal del país ya había censurado y categorizado de "extremistas" a tres organizaciones fundadas por el opositor Alekséi Navalny.
Sobre esta decisión, la directora de la Oficina de AI en Moscú, Natalia Zviagina, aseguró que "las autoridades rusas han equiparado las actividades de organizaciones de la sociedad civil con delincuencia grave". Y alertó de que era "uno de los intentos más cínicos y descarados hasta el momento de reprimir el derecho a la libertad de expresión y asociación".
"No hay perdón para los traidores"
La Rusia de Putin no es el único Estado en el que las organizaciones que velan por los derechos humanos y denuncias sus violaciones se están viendo atacadas. El considerado como último dictador de Europa, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, anunciaba también a finales de año la ilegalización de todas las oenegés opositoras.
Asestaba así el golpe de gracia a las oenegés del país, que vieron cómo en 2021 una tras otra era denominada como "agentes extranjeros" o "bandidos" por el presidente. Eso sí, sólo tras un agónico año en el que los activistas y la sociedad civil vivieron en su propia piel el auge de lo que desde AI aseguran es "una brutal represión".
Según Lukashenko, en declaraciones a la agencia BELTA, "no hay perdón para los traidores. Aquellos que intentaron dar un vuelco al país no tendrán perdón". El presidente bielorruso aseguraba a dicho medio que se han ilegalizado todas las organizaciones "financiadas desde el exterior y que preparaban una rebelión y un golpe de Estado". Eso sí, no sin antes reconocer que "jamás serán restablecidas".
61 ONG ilegalizadas en Nicaragua
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, continuó el pasado año con su particular cruzada contra las ONG, tanto nacionales como internacionales, del país. Hasta la fecha, y desde 2018, ha llevado a cabo 61 ilegalizaciones.
Según Reuters, el Gobierno ha declarado que detrás de las prohibiciones está que las oenegés "no han sido capaces de cumplir con sus obligaciones respecto a la ley que regula las organizaciones sin ánimo de lucro". Estas, en cambio, resaltan el hecho de que todas las ONG clausuradas se habían mostrado críticas con Ortega y otros líderes políticos del país.
Acoso a la sociedad civil en Uganda
Human Rights Watch alertaba el pasado agosto del inesperado e inmediato cese de actividad de 54 grupo de la sociedad civil ugandesa, entre los que se encontraban oenegés de defensa de los derechos humanos y organizaciones de monitoreo de las elecciones. Ninguna de ellas fue notificada con antelación al comunicado oficial de su ilegalización.
El investigador de Human Rights Watch, Oryem Nyeko, asegura que "las medidas adoptadas demuestran una vez más que el Gobierno de Uganda desprecia a la sociedad civil".”
Israel, en pie contra las ONG palestinas
El escritor y abogado palestino Raja Shehadeh escribía en The Guardian el pasado octubre: "Fundé al-Haq en 1979. Ahora, Israel la considera un grupo terrorista junto a otras organizaciones de derechos humanos vitales". Con estas palabras reaccionaba a la decisión del Gobierno israelí de ilegalizar a seis oenegés palestinas.
Junto a al-Haq, Israel intentó acusó de "terrorismo" a la organización de defensa de los presos palestinos en cárceles israelíes Addameer, Defensa de los Niños Internacional-Palestina, la Unión de Comités de Trabajo de Agricultura, el centro de defensa de la democracia Bissan y la Unión de Comités de Mujeres de Palestinas. Todas ellas destacadas organizaciones en Cisjordania, a las que acuden como fuentes fiables medios internacionales y diplomáticos para conocer, de primera mano, la situación de la ocupación de los territorios palestinos.
La situación para todas estas oenegés –y muchas más en todo el planeta– no es nueva. Los investigadores del Carnegie Endowment for International Peace, Saskia Brechenmarcher y Thomas Carothers, llevan alertando de los ataques a las libertades civiles desde 2019. Ya mucho antes de que la pandemia del coronavirus lo cambiase todo –desde principios de siglo, según los investigadores–, los Gobiernos a lo largo y ancho del mundo venían restringiendo las protestas y limitando el alcance de muchas oenegés. Dejar que su luz se apague podría significar que los derechos humanos de millones de personas dejen de importar.