Un paquete de arroz, una malla de naranjas, un pack de yogures, una caja de zumos de fruta, seis de leche, dos de galletas, latas de atún al natural, una bolsa de macarrones y una barra de pan. Es lo que ha comprado Cristina con el vale canjeable que le dan cada mes en el ayuntamiento del municipio de Ciudad Real en el que vive. Tiene dos hijos, de 4 y 9 años, y hasta julio de 2021 trabajaba en una empresa de limpieza, pero con la pandemia perdió su empleo y ahora sobrevive limpiando portales y domicilios privados.

Oficialmente Cristina se encuentra en “situación de carencia material severa”, que fuera del lenguaje institucional y burocrático significa que es pobre. Con los escasos 500 euros que gana al mes tiene que pagar el alquiler y los suministros, además de alimentarse y vestirse tanto ella como sus dos niños. “No nos llega para nada, hay meses en los que el día 20 ya no me queda dinero y se me viene el mundo encima”, comenta.

Pero lo que más sufrimiento le produce es que sus hijos también tengan que vivir esta situación: “No han podido traerles nada los reyes, no puedo comprarles lo básico, la ropa que llevan nos la dan, pasan frío ahora en invierno porque enchufar los radiadores es un lujo […] A veces el mayor me ve llorando y se acerca a abrazarme”.

El director de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Miguel Fernández, sintetiza el impacto económico que ha tenido el coronavirus en miles de familias: “Al inicio de 2020 atendíamos en torno a un millón de personas, pero ese mismo año terminó con más de un millón y medio de beneficiarios, un 50% más”. Entre todas esas personas que acuden en busca de ayuda, “más de 300.000 son niñas y niños de hasta 15 años”.

Consecuencias de por vida

España es el tercer país de la Unión Europea —solo por detrás de Rumanía y Bulgaria— con mayor índice de pobreza y exclusión social infantil, según el último informe publicado por la ONG Save the Children. En concreto, uno de cada tres menores de 18 años (más de dos millones) es pobre en nuestro país, lo que quiere decir, tal y como establecen los propios estándares europeos, que en el núcleo familiar del que forman parte no se pueden permitir hacer cosas como comer carne o pescado al menos cada dos días, o mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante todo el año.

"La pobreza hipoteca el futuro democrático de Europa", alerta el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil

El documento incide en que las carencias económicas a edades tempranas pueden acarrear consecuencias negativas en el aspecto social, sanitario y del desarrollo físico y emocional de los niños y niñas a lo largo de toda su vida. Está demostrado que estos menores tienen más probabilidades de tener un rendimiento inferior en clase con respecto al resto de sus compañeros, y cuando crecen, tienen muchas más dificultades para encontrar un trabajo decente, además de sufrir problemas de salud como afecciones respiratorias o de huesos debido a haber pasado muchos años viviendo en ambientes mal aclimatados y haber llevado una dieta nutritivamente deficiente.

El texto también resalta, por ejemplo, la escasa oferta de vivienda social que existe en una España que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), posee la ratio más baja de este tipo de solución habitacional, y es el cuarto país con menos viviendas de alquiler social de toda la Unión Europea.

Unas cifras alarmantes

La pobreza infantil empezó a dispararse hace más de una década como consecuencia de la crisis financiera de 2008. Durante los años inmediatamente posteriores, en nuestro país llegó a haber en torno a tres millones de niños padeciendo carencias materiales y riesgo de exclusión social. Después, los números se estabilizaron, con leves mejoras y tímidos descensos, pero desde 2020 la pandemia de coronavirus ha provocado un nuevo retroceso y aumentaado las cifras de la desigualdad.

La figura del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil nació en 2018 debido a que España es uno de los territorios con los peores datos de toda la UE. Su subdirector, Albert Arcarons, asegura que en el continente en general, y en nuestro país en particular, existe un problema estructural con la pobreza infantil y la exclusión, que el impacto de la pandemia ha magnificado, y que “hipoteca el futuro democrático de Europa, porque se pone en riesgo la cohesión social al dejar a la infancia tan desprotegida”.

Para intentar mitigar el impacto, la Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a emitir un plan con objetivos a medio plazo para intentar alcanzar la llamada garantía infantil europea, un horizonte comunitario que persigue erradicar la pobreza y la exclusión social de los menores a través de la implementación de políticas para que estos niños y niñas en exclusión tengan garantizado el acceso a servicios públicos básicos como la educación, una vivienda adecuada, o al menos una comida saludable cada día que tengan colegio.

"España fue una de las naciones que impulsó la iniciativa de la garantía infantil europea", señala Albert Arcarons

El pasado mes de noviembre, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció que el Gobierno tendría a su disposición más de 500 millones de euros hasta 2027 para luchar contra la pobreza infantil, y que a esa cantidad se le sumarán otros 250 millones que aportará la Administración española.

Sin embargo, para que el dinero fluya el Gobierno deberá presentar su propuesta ante la Comisión Europea antes de mediados de marzo de 2022. Europa ha dictaminado que aquellos países en los que el índice de pobreza y exclusión infantil esté por encima de la media —como es el caso de España—, deberán dedicar un mínimo del 5% del Fondo Social Europeo Plus a combatir esta emergencia social. En cualquier caso, nuestro país está entre los pocos socios comunitarios que ya tienen sobre la mesa una estrategia para aplicar la garantía infantil, tal y como confirman desde el Alto Comisionado.

Arcarons remarca que “España fue una de las naciones que impulsó la iniciativa de la garantía infantil europea", pero aclara que nuestro país ya “venía trabajando en esta línea mucho antes, aprobando medidas como la estrategia de prevención y lucha contra la pobreza [validada en 2019 por el Ministerio de Sanidad], o el lanzamiento del Ingreso Mínimo Vital”, aunque reconoce que este último “no está llegando a los objetivos que se había propuesto”.

Frío y mala alimentación

En su estudio Geografía de la pobreza infantil en España, el propio Comisionado concluye que los menores más golpeados por la pobreza provienen de familias monomarentales —como los hijos de Cristina— o numerosas (más de cuatro miembros), y residen en zonas rurales o económicamente deprimidas. Además, la mayoría de los niños y niñas en riesgo de exclusión (alrededor del 40%) pertenece a una familia donde al menos uno de los padres tiene trabajo, lo que cuestiona la creencia de que la pobreza va ligada al desempleo o, mejor dicho, de que tener un empleo es la garantía para no ser pobre.

Fernández coincide con los datos oficiales y explica que el perfil de quien demanda ayuda en los bancos de alimentos ha cambiado: “Ya no se acercan solo personas en situación de pobreza severa, sino también familias que antes de la crisis tenían rentas medias o bajas. Además, se ha visto un incremento en las familias con hijos a cargo y aún más en las familias monoparentales”.

"Ojalá pudiera darles a mis hijos una tostada con aceite de oliva y jamón serrano, pero no me lo puedo permitir", señala Cristina

Otra de las cuestiones en las que las oenegés hacen hincapié es en la necesidad de mantener las becas de comedor, ya que aseguran que los menores hagan, al menos, una comida saludable al día. Sin embargo, en España las becas de comedor solo cubren a poco más del 10% de los niños y niñas en edad escolar.

Relacionada con la alimentación y con el nivel de renta también se encuentra la obesidad infantil, que llega a duplicarse en aquellas familias donde se ingresan menos de 18.000 euros anuales. Y es que llenar el carro de la compra con alimentos ultraprocesados y llenos de azúcares y grasas hidrogenadas como los que contiene la bollería industrial es mucho más barato que hacerlo con alimentos frescos y fruta.

“Ojalá pudiera darles una tostada con aceite de oliva y jamón serrano, pero no me lo puedo permitir. Yo sé que los bollos engordan y no son sanos, pero al menos no se van a la escuela sin almorzar”, afirma Cristina, que también se ha visto especialmente afectada por la subida del precio de la luz y el butano. “En Cáritas nos dieron cinco mantas y tres edredones, y con eso dormimos. Además de vestidos, claro”.

Tras la nueva tarificación eléctrica impulsada por el Gobierno el pasado mes de junio, el precio de la electricidad comenzó a subir, batiendo el récord de su precio histórico varias veces, algunos días incluso de maneara consecutiva. El Ejecutivo tomó medidas para intentar reducir el impacto en la factura de los consumidores, pero aun así el elevado precio se ha mantenido desde entonces.

“En verano nos daba más igual. A ver, hemos pasado calor, pero se soporta. Lo malo es cuando ha empezado el frío […] Tenemos dos calefactores, uno eléctrico y otro de bombona, pero es que el butano es una barbaridad lo que ha subido. Antes valía 12 euros y ahora ya está en casi 20. Y el otro tampoco lo ponemos porque, si no, la luz nos come”.

Los ricos, todavía más ricos

La pandemia ha agrandado todavía más la brecha entre ricos y pobres. Es lo que concluye el último estudio de Oxfam Intermón, Las desigualdades matan. Según los datos de la ONG, durante el año 2020, la riqueza de los principales multimillonarios de nuestro país creció casi un 30%. Mientras tanto, en ese mismo período de tiempo, más de un millón de españoles descendieron del umbral de pobreza al empezar a padecer carencias materiales severas.

No obstante, este abismo no solo se ha producido en España. A nivel global, en lo que llevamos de pandemia, los multimillonarios han experimentado el mayor aumento anual de sus fortunas desde que se registran este tipo de datos. Concretamente, las 10 personas más ricas del mundo han duplicado su fortuna durante estos dos años, mientras que los ingresos del 99% restante de la humanidad se han depreciado.

Más de 70 millones de niños y niñas de todo el mundo podrían morir de pobreza extrema en 2050

Entre los motivos, expone Oxfam, se encuentran prácticas como la privatización de empresas y servicios públicos, la especulación en bolsa, la reducción de impuestos a las corporaciones y a las rentas más altas, o las prácticas laborales abusivas que tienen como consecuencia la temporalidad, la precariedad y la violación de los derechos de los trabajadores.

La Oficina Europea de Estadística también alerta del crecimiento de la pobreza y la desigualdad en el continente a consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. En 2020, el organismo ya informó de que en Europa había 18 millones de niños y niñas en situación de pobreza y con riesgo de exclusión social, y ese número ha alcanzado los 20 millones en 2021. En las franjas de edad posteriores las cifras no son mucho más halagüeñas. En el continente, el 24% de los menores de 18 años es pobre (el 31% en España) y la población hasta 64 años con riesgo de exclusión social alcanza el 21% (el 27% en nuestro país).

En su primer punto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se proponen como meta “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, para evitar que la globalización y el progreso planetario dejen atrás a grandes bolsas de población. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ya ha alertado que, si los gobiernos de los países desarrollados no inician políticas para mitigar la pobreza y combatir la desigualdad, en el año 2030 casi 200 millones de niños y niñas vivirán en la pobreza extrema, y unos 70 millones morirán a causa de ello.