La geografía asturiana cuenta con al menos siete espacios naturales con una gran biodiversidad. Son los guardas del medio rural en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil quienes se encargan de protegerlos. Sin embargo, integrantes de la guardería del Principado llevan un tiempo advirtiendo de la organización de cacerías ilegales en zonas protegidas con la connivencia de algún compañero.

Actúan a modo de guía turístico de quien está dispuesto a pagar importantes cantidades de dinero para conseguir los más codiciados trofeos de caza. Conocen el monte, saben por dónde se mueven sus compañeros y tienen ubicadas las zonas donde pueden abatir las piezas más valiosas.

Este modus operandi hace terriblemente difícil dar con ellos, aunque no imposible. El último operativo se realizó hace apenas una semana en la Sierra del Sueve, un espacio protegido. Según informaron las autoridades, tras el aviso de un celador de la reserva regional de caza de Riaño, interceptaron a tres personas que parecían estar realizando una caza ilegal.

Los agentes del Seprona les intervinieron un rifle, un silenciador (una práctica prohibida) y un cuchillo con restos de sangre. Poco después, apareció lo que quedaba del trofeo: dos gamos silvestres decapitados.

Este modus operandi hace terriblemente difícil dar con ellos, aunque no imposible. El último operativo se realizó hace apenas una semana en la Sierra del Sueve

Entre las personas detenidas, identificaron a un guarda natural del Principado destinado en Ponga, quien, además, ya había sido identificado en la vertiente leonesa por guardas de la Junta de Castilla y León. Las otras dos personas eran un padre y una hija provenientes de Valladolid a los que, supuestamente, el agente habría guiado para dar caza a los gamos hallados muertos. No obstante, aún está por determinar si la sangre hallada en el cuchillo coincide con la de los restos de los animales.

Según informó un medio local, el funcionario ya cuenta con antecedentes por los que acumuló años de inhabilitación para la caza. Ahora, se enfrenta a otra sanción más en su historial, aunque aún hoy continúa ejerciendo como guarda en el parque natural de Ponga. Hasta el momento, nunca se ha enfrentado a un expediente de expulsión de la guardería.

Este no es un caso aislado. En noviembre de 2020, ocurrió un episodio similar. Un guarda del Principado destinado en la reserva pongueta fue interceptado junto con otras dos personas en un operativo que requirió la intervención de la Guardia Civil a ambos lados de la frontera entre Asturias y Castilla y León.

"Sensación de impunidad absoluta"

En EL ESPAÑOL nos hemos puesto en contacto con el Jefe del Seprona de Oviedo para conocer cuál es la situación con respecto a estas actividades en el monte asturiano y cuenta que todos los años se pone en marcha una orden de servicio contra el furtivismo de especies silvestres. 

"No hemos detectado un aumento de la caza ilegal", asegura. Reconoce que es una actividad que "lleva mucho tiempo" asentada allí, pero en total, apenas se denuncian unas 20 infracciones al año por furtivismo. Asimismo cuenta que no tiene constancia de comercio con piezas de caza, pero "lo que sí hemos detectado es la organización de cacerías ilegales".

Desde la Fundación para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), denuncian que en el Principado existe un problema de furtivismo en los espacios protegidos "brutal", y aseguran que se debe "al abandono total de la gestión de la conservación de la biodiversidad".

En lo que tiene que ver con la caza, cuentan que ahora los cazadores que salen al monte de manera legal, con su licencia, no tienen por qué ir acompañados de un guarda. Únicamente tienen que identificarse y notificar la pieza que hayan matado. Como explica Roberto Hartasánchez, presidente de FAPAS, "esto está creando una sensación de impunidad absoluta".

Desde la Fundación para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), denuncian que en el Principado existe un problema de furtivismo en los espacios protegidos "brutal"

Los miembros de esta Fundación también montan vigilancia en los montes asturianos. Armados con sus cámaras, en muchas ocasiones acompañan a los guardas de la zona. Unas salidas en las que han detectado que hay un problema "permanente" de furtivismo en Asturias. 

Hartasánchez cuenta, además, que cuando llegan al monte, o bien cuentan con la total colaboración del agente del medio natural o bien con una completa oposición. "El guarda es el rey, nadie le está vigilando", señala, y por este motivo, asegura tener "pánico" de que se estén creando "este tipo de estructuras organizadas".

"Para un sector de la guardería es un plus de ingresos económicos. A través de propinas y todo tipo de trapicheos. Sobre todo por propinas. Te puedes sacar más propinas que de sueldo en la época de caza", asegura Hartasánchez.

El 'negocio' de la cacería ilegal

Este periódico ha conversado con dos guardas del Principado que han solicitado no ser identificados en este reportaje por las posibles reacciones de compañeros y superiores. Cuentan que, entre los ejemplares abatidos, los más valorados son los rebecos en una horquilla de 450 y 1.400 euros, aproximadamente, y los gamos, de entre unos 250 y 1.000 euros por trofeo. Los corzos estarían en una media de 400 euros y los jabalís en torno a los 100 euros.

Otras especies como el oso o el lobo no se pueden cazar, está prohibido, motivo por el cual están aún más valorados. Según los guardas, los furtivos pueden llegar a pagar hasta unos 6.000 euros por estos trofeos. 

Uno de los guardas, miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (Agumnpa), comenta el caso de Sueve y cuenta que "hay un lucro muy claro". Al final, el dinero está detrás de todo. 

"Se pueden pagar unos 1.000 euros por una buena pieza", afirma, y "a muchos compañeros nos sorprendió la impunidad porque es una zona relativamente accesible donde hay muchos caminantes. Te hace comprender que es algo que viene desde hace mucho tiempo". En este sentido, desde el Seprona aseguran desconocer las cantidades que se pueden estar pagando a los guardas que, supuestamente, actúan a modo de guías de furtivos en la zona.

No obstante, este último guarda comenta que hay gente con muchos recursos económicos que es muy caprichosa con la caza y que está dispuesta a pagar mucho dinero por ese capricho. En este sentido, Hartasánchez lamenta que "muchos quieren cazar ilegalmente por el plus de adrenalina que supone".

Otro de los guardas explica que no son muchos los guardas que llevan a cabo este tipo de actividades corruptas, pero sí que tiene constancia de ello, aunque matiza que "puede ser también cualquiera que conozca el monte y diga: oye, si me pagas, yo te llevo". Denuncia, además, que los agentes del medio natural se encuentran en una situación de abandono y no tienen posibilidad de actuar con contundencia frente a los furtivos.

Son unos 250 guardas los que trabajan en el monte asturiano y si localizan a un furtivo, avisan a la Guardia Civil y ponen una denuncia por la vía administrativa. Este guarda cuenta que "muchas veces se eternizan y no llegan nunca". Asegura, además, tener compañeros que han realizado denuncias que "se han quedado en un cajón".

Hay gente con muchos recursos económicos que es muy caprichosa con la caza y que está dispuesta a pagar mucho dinero por ese capricho

Desde Agumnpa, el guarda cuenta que a lo mejor hay 10 compañeros en un mismo entorno y no tienen coordinación. "Si hoy no tengo ningún trabajo asignado, pues hago lo que considero", y es que, según él, "se ha propiciado mucho que cada uno trabajemos por nuestra cuenta, lo que lleva a que haya brechas de seguridad. Uno calcula enseguida de qué manera funcionamos, y no es nada complicado realizar acciones furtivas".

No obstante, desde la Consejería de Medio Rural subrayan que "se actúa con firmeza" frente al furtivismo. Para el consejero, "la caza ilegal tiene que estar absolutamente perseguida en una comunidad que hace de su patrimonio natural y su biodiversidad un elemento central de nuestras políticas y de nuestra marca Asturias".

Asimismo, la Consejería remite al último informe anual de la Fiscalía del Medio Ambiente del Principado, en base al cual aseguran que la región no tiene índices destacados de furtivismo ni se ha producido un incremento en los últimos años.