La existencia de pozos ilegales se ha convertido en un grave problema en nuestro país. Todos conocemos casos mediáticos de accidentes con resultados fatales provocados por pozos que se encuentran abandonados, sin señalizar y sin ningún tipo de protección. Claramente, asumimos que suponen un problema de seguridad.

Pero además de este peligro para nuestra integridad física personal, nos encontramos con multitud de pozos perforados sin los permisos correspondientes con fines de extracción ilegal de aguas y que afectan a nuestros ríos, acequias, caudales, acuíferos subterráneos… En definitiva, a nuestro patrimonio natural y riqueza hidráulica.

En estos tiempos de globalización, descarbonización y transición ecológica, la gestión sostenible del agua ocupa una posición de especial relevancia en la Agenda 2030 con el claro propósito de garantizar su disponibilidad y lograr el saneamiento óptimo para todos. Se ha elevado a la consideración de contenido básico para el desarrollo social y la lucha contra la pobreza y las enfermedades.

Se presenta como fundamental la concienciación inicial de cada individuo. Al menos, mientras se confía en la puesta en marcha de los medios necesarios para que la bonita teoría se transforme en consecución cierta de realidades. Es nuestra contribución para parar la creciente desertificación y una de nuestras posibles contribuciones en la lucha contra el cambio climático.

¿Qué hacer?

Como particulares que podamos tener conocimiento de la existencia de un pozo con signos de abandono o falto de medidas básicas de señalización o de alguna extracción o conducción extraña de agua, debemos actuar rápidamente para la comprobación de legalidad y seguridad.

La mejor opción será acudir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), poniéndonos en contacto con esta unidad de la Guardia Civil. Ante la duda, cualquier llamada o comunicación con agentes de la autoridad o responsables administrativos derivarán nuestra denuncia al servicio competente. Habremos cumplido con nuestro deber ciudadano y, en un gran número de supuestos, habremos colaborado a evitar desgracias personales o actuaciones ilegales e incluso delictivas.

Haga fotos, grabe vídeos, apunte la localización exacta… puede ser de gran ayuda para todos. Es un problema con graves repercusiones sobre el ecosistema, control de incendios, seguridad y protección de los recursos hídricos.

Con una sola llamada al 062 –Seprona– o a los agentes forestales y de medio ambiente de tu comunidad autónoma –112– podemos hacer una gran contribución a todos.

Sensación de impunidad

La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión. De los estudios existentes realizados por organismos oficiales y asociaciones de protección medioambiental, se deducen consecuencias llamativas centradas en la gran cantidad de perforaciones y extracciones existente. Y, por ende, en la consecuente falta de medios actuales destinados para su descubrimiento.

Todo conduce a una sensación de impunidad de muchos de los infractores, que evita la paralización o reducción de estas actividades. De ahí que nuestra respuesta personal pueda conducir a reducir esta problemática.

No debemos olvidar que se requiere la correspondiente autorización administrativa para actuar en los acuíferos. Igualmente, la puesta en marcha y uso de un pozo requiere de un proceso de legalización tipificado.

El primer paso debe ser la persecución de los incumplidores para que la respuesta de las autoridades sea posteriormente eficiente en forma de sanciones reales que impliquen el abandono de la sensación actual de gratuidad o levedad en comparación con el aprovechamiento económico derivado de la infracción.

Debemos asumir una conciencia participativa que empuje a las autoridades a fijar un sistema efectivo que elimine la rentabilidad actual del infractor.

*** Juan Manuel Pérez de las Vacas es abogado.