Los otros 'Alcarràs': el reto de la transición energética en la España rural

Una película le mantiene el tipo en la taquilla al último estreno Marvel. Ha ganado el Oso de Oro, recauda más que el resto de títulos españoles en cartel juntos y hasta ha reabierto cines en localidades rurales que llevaban décadas sin uno. Es una cinta pequeña, independiente, y que cuenta un conflicto que igual les suena: una familia de agricultores pierde los terrenos en los que llevan tres generaciones viviendo de recolectar melocotones porque al arrendador le sale más rentable alquilarlo y crear un parque de placas solares.

Al cierre de este reportaje, Alcarràs, de Carla Simón, acumula 1.436.304 de euros recaudados y 248.885 espectadores en salas. Las cifras la convierten en la segunda película española más exitosa en lo que va de año. Por hacer una idea –ya que los cines siguen sufriendo la pandemia y poca gente se anima a ir a la sala teniendo una plataforma de streaming en casa–, es el triple que Veneciafrenia, la última película que Álex de la Iglesia.

El fin de semana de su estreno, el pasado 29 de abril, se quedó a apenas 7.000 espectadores de empatar a la superproducción El hombre del norte, que estaba disponible en 100 cines más y con una mucho mayor campaña de promoción.

Pero ¿qué convierte Alcarràs en un fenómeno? Lo más probable, que refleja un conflicto muy común en toda España y su arraigo en Cataluña. La distribuidora Avalon calcula que entre un 65% y un 70% de su recaudación viene de la región donde se rodó –lleva por título el nombre del municipio de Lleida en que se ambienta–.

La historia de la película es la de los Solé, una familia dedicada desde hace tres generaciones a cultivar melocotoneros, hasta que finalmente el dueño del terreno decida alquilarlo para montar un parque de paneles solares. Esto, acaba con el modo de vida –y subsistencia– de la familia.

'Renovables sí, pero no así'

Renovables sí, pero no así es el lema bajo el que convoca sus movilizaciones la plataforma ALIENTE (Alianza Energía y Territorio), que aglutina ya a más de 200 asociaciones y movimientos vecinales en toda España. Su primera gran convocatoria se produjo el pasado 16 de octubre de 2021 en Madrid, con más 15.000 personas procedentes de diferentes puntos de España que pidieron una transición energética que no implique la destrucción del medio ambiente, la agricultura o  los modos de vida tradicionales en la España vaciada.

Un caso es el de Zújar, municipio de 2.500 habitantes en el norte de la provincia de Granada, de apenas 100 km² de término municipal, que pelea por no quedar rodeado por instalaciones energéticas. Paqui Ruiz, una de las vecinas que se han unido para protestar, califica la situación de “invasión de megaproyectos” y “hecatombe medioambiental”.

En la Plataforma No a las Torres pelean por impedir la instalación de diferentes proyectos, pero sobre todo una futura línea de distribución eléctrica de 400 kv que conectaría las de dos municipios vecinos, Baza y Caparacena, y que serviría precisamente para dar salida a la energía que produjesen las futuras instalaciones en la zona.

Se trata de un proyecto de placas fotovoltaicas flotantes en el pantano, 12 molinos eólicos en el cerro del Jabalcón, una central hidroeléctrica reversible junto al pantano en la base del cerro y dos parques de nuevo de placas solares.

Además, en la zona de Zabroja, donde se encuentran los invernaderos de los agricultores locales, se proyecta otra instalación eólica más. Esta última, aunque no implica expropiaciones, los vecinos temen que afecte a la calidad del suelo y su capacidad de retener agua en plena sequía. La línea de 400 kv rodearía igualmente el municipio.

Joaquín Terrón, abogado de la Plataforma No a las Torres, explica que las obras de dicha línea están en trámite y prácticamente terminadas, pero un informe del pasado de febrero del Defensor del Pueblo Andaluz sostiene que la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada a Red Eléctrica Española (REE) en septiembre de 2020 sería ilegal. “Si la propia obra línea de alta tensión tiene un vicio de forma, eso afectaría e ilegalizaría todo el resto de proyectos”, concluyen.

Los otros posibles 'Alcarràs'

La revista de prensa de proyectos renovables en la España vaciada, similares al de Zújar o al ficticio de Alcarràs, es interminable. Empresas como Capital Energy, una de las que trabaja en la provincia de Granada, anuncian acuerdos con gobiernos regionales como el de Castilla y León.

Organizaciones proteccionistas como SEO/BirdLife lleva a los tribunales la construcción de tres parques eólicos en Albacete. Incluso empresas como Endesa, conscientes de la mala imagen de proyectos de este tipo, presumen de un acuerdo para que en el municipio extremeño de Solana de los Barros, cercano a Mérida, los pastores puedan llevar a sus ovejas a pacer a las instalaciones de fotovoltaicas, en las que planean incluir en próximos proyectos cajas de nidos entre placas para cernícalos, búhos, colmenas y anfibios.

En Mula, Murcia, donde ya está el segundo mayor parque fotovoltaico de Europa, cuatro nuevas plantas están a punto de llevar las placas solares hasta las mismas puertas de las casas del núcleo urbano. En Zamora, las protestas desde diferentes puntos de la provincia han llevado a que el pleno de la Diputación debata la colocación “indiscriminada” de proyectos renovables en terrenos anteriormente agrícolas.

En Andalucía, denuncian que existan proyectos presentados por un total de 23 gigavartios de potencia fotovoltaica, cuando el objetivo para toda España en 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es de 39.

ALIENTE asesora a sus organizaciones sobre el tipo de alegaciones que se pueden presentar, plazo o problemas legales que se suelen presentar. Denuncian también la “trampa” habitual de trocear los proyectos de renovables por debajo de la superficie que obliga a una declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Transición Ecológica o la Consejería del ramo de turno.

Así, aseguran, "la única aprobación pasa por los ayuntamientos pequeños de municipios en zonas despobladas o con escaso empleo", como pueda ser el interior de las dos Castillas, Andalucía, Extremadura o Murcia. Denuncian, por tanto, que son más fáciles de presionar o convencer con la promesa de los puestos de trabajo. Un fenómeno a tener en cuenta para evitar que la España vaciada se llene de nuevos Alcarràs.